A casi 19 meses de aprobada la reforma judicial de 2024, Morena reconoce fallas y alista una enmienda constitucional para «perfeccionar» el modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
La iniciativa, suscrita por Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez, Javier Corral y Susana Harp, propone:
- Posponer la próxima elección judicial a junio de 2028, para no hacerla coincidir con la intermedia de 2027. El texto admite riesgos de «voto desinformado, politización de candidaturas y presión operativa y financiera sobre el INE»
- Cambiar requisitos de elegibilidad: eliminar promedios académicos y cartas de recomendación por considerarlos insuficientes, y exigir certificación obligatoria de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, con evaluación de razonamiento jurídico, interpretación normativa y enfoque de derechos humanos
- Otorgar al INE la organización total del proceso, quitándosela al Senado, y establecer vacantes y suplencias.
Morena justifica que la elección del 1 de junio de 2025 evidenció «áreas de oportunidad» por cantidad de candidatos, boletas confusas y uso de acordeones. La oposición y analistas señalan que la reforma provocó rezago de más de 80 mil expedientes, renuncias y falta de perfiles técnicos, afectando certidumbre jurídica e inversión.
