PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Cuando el diputado verde, Gustavo Miranda García presentó ante los medios de comunicación quiénes lo acompañarían al frente de la JUGOCOPO, estuvo flanqueado por Renán Sánchez Tajonar quien ocuparía la Secretaría General del Congreso; el subsecretario de Servicios Administrativos, Eugenio Segura Sánchez, como subsecretario de Servicios Legislativos Benjamín Vaca González y por el director de Finanzas Miguel Zogby Cheluja Martínez, nacía oficialmente «La Mafia Verde» que se mantiene hasta nuestros días.
Ya dimos cuenta que Renán Sánchez Tajonar despacha en la secretaría del Ayuntamiento de Cozumel, el liliputiense funcionario trabaja a tambor batiente para ser el próximo alcalde de la ínsula y para ello crea nuevos impuestos, jinetea dineros públicos para el beneficio del proyecto político, independientemente que ya trascendieron los acuerdos por debajo de la mesa con los prestadores de servicio, restauranteros, bares y antros: la extorsión es jugosa. «La Mafia Verde» no pierde el tiempo.
Miguel Zogby Cheluja Martínez quien manejó las finanzas y el control de las cuentas públicas en el Congreso fue enviado por «La Mafia Verde» como Tesorero de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, que en su toma de posesión se comprometió a impulsar la prosperidad económica en el municipio como lo establece el Primer Eje Prioritario de su gobierno, sin embargo en la práctica, se hace lo contrario pues Cheluja Martínez es quien tiene la última palabra
Martínez Hernández recientemente dijo que la tesorería municipal había puesto en marcha el “Programa de Estímulos Fiscales para el ejercicio 2022”. “Nos interesa trabajar por y para la ciudadanía, por ello, uno de los temas más importantes en la actualidad es la economía de los othonenses, impulsarla y reactivarla es una tarea en la que estamos todos los días, desde el inicio de nuestra administración”, expresó la alcaldesa capitalina y de inmediato llovieron las protestas populares pese a que la alcaldesa reiteró que «con lo recaudado se le brindará bienestar a la ciudadanía, como mejoras en bacheo, alumbrado, limpieza de espacios públicos, reforzar la seguridad, entre otras acciones que están programadas y para garantizarlas es necesaria la recaudación eficiente», Cheluja se salía con la suya y le diremos porqué.
Y es que entre el pago de favores y la simulación se cometen errores, como incrustar en la administración pública a personajes poco próvidos en temas de honestidad y transparencia.
Miguel Zogby Cheluja es viejo conocido de Yensunni Idalia Martínez Hernández pues colaboró como su secretario particular cuando fungió como la Síndico Municipal de Othón P. Blanco, en esa época fue denunciado por extorsionar a servidores públicos en complicidad con otros funcionarios de la comuna capitalina.
Cheluja Martínez fue acusado por el entonces regidor Sergio Zapata quien grabó un video, donde se aprecia al ahora Tesorero extorsionándolo con medio millón de pesos para obtener unos permisos y explotar una planta de agua particular.
Miguel Cheluja fue exhibido por esta situación, en donde literalmente pidió como moche medio millón de pesos por este permiso, hoy despacha como Tesorero y las viejas practicas de extorsionador ya están en marcha, lo suyo es pedir moches, una característica de «La Mafia Verde» que opera Gustavo Miranda en Quintana Roo. Miguel Cheluja con averiguaciones penales y procedimientos abiertos en su contra, ya despacha y es encargo de los dineros de Othón P. Blanco.
Los integrantes de «La Mafia Verde» son especialistas en crear nuevos impuestos y ahora planean cobrar por la antenas que hay en el municipio, dicen que recaudarán hasta millón y medio de pesos anuales a través de una nueva anuencia que Protección Civil pretende aplicar a las torres de telecomunicaciones, a partir del año próximo.
Cheluja Martínez, ha dicho que la propuesta para este nuevo derecho está incluida en la Ley de Ingresos que entregaron al Congreso del Estado y que esperan sea aprobada sin cambios: «Las antenas, son un riesgo en caso de mal tiempo y hasta ahora no han podido ser revisadas”, justificó el funcionario.
De ser aprobada este artículo de la Ley, Protección Civil tendría la facultad de revisar las cerca de 90 torres, para verificar su estado y emitirles anuencias, una vez que quede cubierta la tarifa de este trámite. Además la comuna espera recaudar 75 millones de pesos a través del impuesto predial, por 76 mil predios en total actualmente en el padrón catastral.
El nuevo negocio de Cheluja Martínez es el que planeó con los propietarios de la empresa Lumo Financiera S.A. de C.V. contratada por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para el arrendamiento de camiones compactadores de basura; dicha empresa se encuentra demandada ante la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), por actos de corrupción en la renta de vehículos.
Miguel Cheluja confirmó que la administración pública municipal concretó un acuerdo con la empresa Lumo Financiera para el arrendamiento de al menos 10 unidades. Las unidades fueron puestas en funcionamiento desde el lunes 15 noviembre y durará hasta que concluya la presente gestión. De acuerdo con el convenio, el gobierno othonense pagará un millón 160 mil pesos mensuales por la renta de estos camiones.
Ese contrato fue denunciado por el diputado local, Roberto Erales Jiménez, quien presentó una demanda ante la Aseqroo en contra de esta empresa, que tiene su sede en el Estado de México por la simulación de arrendamiento de vehículos a dependencias estatales para el uso de servidores públicos por una cantidad superior a los 190 millones de pesos; el legislados llevó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicie la indagatoria correspondiente.
Supuestamente la empresa está vinculada con Enrique Peña Nieto, y fue denunciada en diversas ocasiones por incurrir en contratos de adjudicaciones directas para la renta de autos de lujo a funcionarios del gobierno mexicano y en el cobro a sobreprecio de sus servicios.
Como es el caso de la renta de 85 autos de lujo a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en julio de 2015.
Incluso, su propietario, Luis Humberto Montaño García, es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presuntos conflictos de interés al otorgarles créditos a municipios que simulaban una reestructuración de su deuda pública. De ese tamaño los socios de la «Mafia Verde» en el municipio de Othón P. Blanco.