PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Gobierno de México rechazó este jueves el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, al que calificó como “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”, al considerar que omite los esfuerzos institucionales emprendidos por la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum.
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) señalaron que el organismo internacional no tomó en cuenta las observaciones y análisis presentados por el Estado mexicano.
Señalamientos del informe
El documento del comité ubica a México como el país con más acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial, al registrar 819 casos entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38 por ciento del total global.
Asimismo, advierte sobre un repunte reciente, con 40 nuevas solicitudes entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, equivalentes a más de un tercio de las registradas en ese periodo a nivel mundial. El informe también señala fallas graves en los sistemas de respuesta del Estado.
Gobierno acusa sesgo y omisiones
En respuesta, el Gobierno mexicano sostuvo que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que —afirmó— no refleja la situación actual del país.
Además, lamentó que el comité haya descartado información actualizada presentada el 27 de marzo, en la que se detallan acciones recientes para atender esta problemática.
Las autoridades calificaron el documento como “parcial y sesgado”, aunque reconocieron que el propio informe indica que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática.
Cuestionan posibles conflictos de interés
El Ejecutivo también señaló un posible conflicto de interés entre algunos integrantes del comité, al asegurar que al menos uno de ellos habría trabajado previamente con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
Finalmente, el Gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas, y destacó que en la actual administración se han impulsado reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares.
Asimismo, reafirmó su compromiso para erradicar este delito y su disposición a mantener la cooperación internacional, siempre que los diagnósticos reflejen —según indicó— la realidad actual del país.
