Chetumal, Q. Roo, 18 julio, poder&crítica.- La síndico del ayuntamiento de Othón P. Blanco, Marcela Rojas López, interpuso la novena denuncia penal en contra de ex funcionarios de la administración presidida por el priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui, esta vez por el delito de peculado en virtud de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), por alrededor de cuatro millones 800 mil pesos, de 2013 a 2016.
La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación 3740/2017 de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aunque la funcionaria no pudo dar nombres de los implicados en esta nueva denuncia, se sabe que los responsables son la ex directora de Egresos, Julia Mariluz Martínez Sánchez; la ex directora de Ingresos, Elvia Lucía Aguillón Moreno, y el ex tesorero, César Rey Euán Tun, quienes fueron omisos en sus labores.
Marcela Rojas se presentó en las oficinas de la FGE del estado alrededor de las 15:20 horas de este martes, en donde previo a interponer la denuncia, dijo en breve entrevista que ésta obedece a faltantes del impuesto, descontados a los casi dos mil trabajadores, y que no se reportaban ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Recordó que a finales de junio se presentó una denuncia relativa a retenciones del ISR del ahorro de los trabajadores que tampoco se reportaba al SAT, y que en su momento dijo que se ascendían a 20 millones de pesos más.
La síndico municipal reiteró que aún no concluyen con la presentación de denuncias, pues las investigaciones en el Ayuntamiento continúan a efecto de no ser omisos, como las administraciones anteriores, en las irregularidades en que incurrieron los ex funcionarios.
Peculado
En el pasado periodo extraordinario de la XV Legislatura, los diputados aprobaron reformas al Código penal, particularmente en lo relativo a los tipos penales y delitos en que pueden incurrir servidores públicos. El delito de peculado, que había sido reducido por la pasada legislatura en el llamado Paquete de impunidad promovido por Roberto Borge Angulo, fue reformado.
Los legisladores avalaron reformar el artículo 257 estableciendo tipos penales para el servidor público que para su beneficio o de un tercero físico o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado o un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, depósito, posesión o por otra causa.
