México, 26 abril; poderycritica.-El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, prometió eliminar las pensiones a los ex presidentes al argumentar que ese beneficio no está en ninguna ley y que sólo es un acuerdo del mandatario que llega.
«Los ex presidentes de México reciben una pensión, en total de cinco millones de pesos mensuales. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así. Yo voy a llegar a ser Presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo, se van a terminar las pensiones millonarias los ex presidentes».
De hecho tiene razón, pues las pensiones vitalicias a los ex mandatarios no tienen ningún sustento legal y algunos expertos las califican de inconstitucionales.
Historia
Desde 1976, los ex presidentes reciben este beneficio, además tienen a sus disposición personal civil y militar, así como seguros de vida y de gastos médicos mayores tanto para ellos como sus familias.
Los acuerdos presidenciales que dieron origen a esta prestación fueron suscritos por los ex presidentes Luis Echeverría en 1976 y Miguel de la Madrid en 1987. El primero estableció la asignación de 78 elementos del Ejército, Armada y Fuerza Área.
Mientras que el segundo concede diversas percepciones económicas a los ex mandatarios: una pensión vitalicia equivalente al salario que percibe un secretario de Estado (205 mil pesos al mes), un seguro de vida y de gastos médicos mayores; una pensión vitalicia para la viuda del ex mandatario y para los hijos menores de edad.
Además, elevó a 103 personas los empleados a disposición de los ex mandatarios al poner a su servicio a 25 trabajadores civiles adscritos a la planta del personal de la Presidencia de la República.
Sin embargo, ninguno de los dos acuerdos cuenta con las firmas de los ex presidentes y tampoco fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por lo que son inconstitucionales e ilegales.
Pertinencia
Cada ex presidente recibe una pensión vitalicia que equivale a los 2.4 millones de pesos además del gasto por el personal que tienen a su servicio y otros beneficios.
Luis Echeverría Álvarez es el ex presidente más caro de todos. Tiene a su disposición una nómina de 17 personas que costaron el año pasado 9.9 millones de pesos.
Felipe Calderón es el segundo ex presidente más costoso. Tiene a su cargo a 18 trabajadores que representaron una merma al erario de 6.3 millones en 2015. Dona su pensión a la asociación civil “Aquí Nadie se Rinde” desde 2017.
En tercer lugar se encuentra Carlos Salinas de Gortari, quien renunció a su pensión. Tiene un equipo de apoyo de 11 personas, por las cuales se erogaron 2.7 millones de pesos.
Es seguido por Vicente Fox Quesada, con una nómina de 2.2 millones repartidos entre 20 personas. Él no renunció a su pensión.
En contraste con sus homólogos, Ernesto Zedillo es el ex mandatario más austero, pues además de renunciar a su pensión vitalicia, tiene solamente a tres personas a su cargo, que en conjunto representó un gasto anual de 625 mil 546 pesos.
En total, Presidencia de la República erogó 21.9 millones de pesos para cubrir los salarios de los 69 funcionarios que trabajan para los ex mandatarios.
Viabilidad
Andrés Manuel López Obrador asegura que no firmará el acuerdo que permite la existencia de las pensiones y que las eliminará mediante la publicación de un nuevo decreto presidencial. A esta propuesta se sumaron Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, y la independiente Margarita Zavala, quien incorrectamente señaló que eliminará el beneficio con venia del Congreso cuando no la necesita.
La iniciativa de López Obrador es posible pues es un asunto que depende meramente de la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo. Aunque podría ir más allá y prohibir o regular estos beneficios desde la legislación para que los siguientes mandatarios no la restablezcan.
Actualmente hay 19 iniciativas atoradas en el Congreso de la Unión para eliminar, reducir o regular las pensiones pero ninguna prospera. Inclusive el propio Congreso podría presentar una controversia constitucional para analizar la situación.
