11 de septiembre; poderycritica. (Notimex).- El Gobierno Federal conminó al de Sonora a que se conduzca dentro del ámbito de la ley, en respeto a sus atribuciones y responsabilidades, al aclarar que la actuación de autoridades federales en ese estado se ha dado de manera coordinada, eficaz, oportuna y con estricto apego al marco jurídico.
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, recordó en conferencia de prensa que el nombramiento y la permanencia de delegados federales en dicho estado es facultad exclusiva del Presidente de la República y no del gobernador.
“Al mismo tiempo lo exhortamos a redoblar esfuerzos y colaborar con la Federación en beneficio de los sonorenses”, agregó.
Además, la Profepa advirtió que en los próximos días se dará a conocer el monto de la reparación del daño tras el derrame de contaminantes a ríos de Sonora, el cual podría rebasar “los cientos o miles de millones de pesos, en cantidades que tendrá que hacerse responsable la minera a corto, mediano y largo plazo”.
El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Belchez, indicó que sobre el derrame en Buenavista del Cobre ya se entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) las denuncias correspondientes.
Asimismo, se ha entregado a las autoridades el peritaje que “confirma que el fallo se presentó en el llamado tubo, en la tubificación que presentó, y el derrame se produjo precisamente por una falla técnica totalmente atribuible a la empresa contratista y a la propia minera, quien tiene la obligación de revisar el trabajo de quienes trabajan a su servicio”.
Dio a conocer además que se ordenó la revisión de otras minas de Grupo México: La Caridad, Santa Eulalia, Santa Bárbara, Santa Rosita, Charcas, una nueva planta de procesamiento en San Luis Potosí y la remediación, ordenada hace algunos años, de la planta San Martín.
Refrendó el compromiso de revisar antes de 2015 las mil 252 minas que existen en el país; se lleva 30 por ciento de avance y hay clausuradas 20 de manera definitiva por procedimiento concluido.
En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció inspecciones sobre una presa ubicada en Sonora para determinar si cuenta o no con permisos para el uso de aguas nacionales y si está o no dentro de la ley.
El titular de la Conagua, David Korenfeld Federman, informó en conferencia de prensa que la inspección se hará de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, además de que se dará seguimiento a denuncias relacionadas con otros actores y personajes que tienen cuerpos de agua.
Detalló que como primer paso y en respuesta a una serie de denuncias públicas presentadas al respecto, la Conagua instruyó investigar la legalidad de la construcción, para lo cual requirió estudiar las imágenes aéreas y determinar si existía infraestructura y a partir de qué año.
Como resultado de los primeros estudios, se descubrió que la obra comenzó a ser construida entre 2010 y 2011, por lo que se instruyó a la Subdirección General Técnica presentar los informes de los escurrimientos de la cuenca en los últimos 10 años.
Asimismo, se ordenó una visita de inspección al sitio para determinar el campo, la superficie cantidad y las características físicas de la obra, lo cual se concretará entre este miércoles y mañana.
De los datos que resulten de esta investigación, solicitará a los respectivos propietarios que entreguen información sobre los permisos y las acreditaciones necesarias para la construcción de la represa, detalló el funcionario federal.
Con la visita, dijo, se determinará si la presa cuenta con concesión o permiso para ocupación de zona federal; así como autorización para ocupar cauces de aguas nacionales, en especial sobre el arroyo Manzanal, el afluente del Río Bacanuchi y a su vez el afluente del Río Sonora.
Asimismo, se investigará si cuentan con permiso para construir en zona y cauce federales; concesión para el uso de aguas nacionales superficiales; y determinará si no hay afectaciones de terceros en la ciudad de Hermosillo y con usuarios de riego de la zona.
En el mismo procedimiento se efectuará una inspección a los pozos que cuentan con concesión para el agua subterránea, en donde se averiguará si cuentan con concesión para su uso, si tienen permiso de perforación, medidor volumétrico y bitácora de lectura.
Aclaró que en el caso de que las obras construidas incumplan con esos requisitos y afecten a terceros, se procederá a ordenar lo que establece la Ley de Aguas Nacionales.
Esto es, la clausura de la obra, la liberación del recurso de agua a los usuarios que tienen derecho y en el caso de que la ausencia de permisos se ordenará la demolición de la presa.
Korenfeld Federman aseguró que la Conagua actúa en apego a la ley sin importar quienes sean los propietarios, sean persona físicas o morales con el objetivo de observar el cumplimiento de la ley respecto al uso de las aguas nacionales superficiales y subterráneas, la ocupación de zonas federales y los cauces de propiedad nacional.
