Después de 37 días que los usuarios de las cajas de seguridad de First National Security (FNS) decidieran implantar su manifestación pacífica en las inmediaciones de la misma empresa debido a las acciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se decidió clausurar el plantón de la avenida Coba.
Los afectados han manifestado públicamente que el proceder de las autoridades estuvo llena de atropellos y violaciones a derechos constitucionales e incluso a tratados internacionales, ya que también se afectaron a personas de alrededor de 25 nacionalidades, y, por medio de un comunicado, informaron que los elementos de la investigación les han robado sus pertenencias, sin embargo no tienen la intención clara de proceder contra ellos.
Entre los derechos constitucionales que ellos argumentan fueron violados, se encuentra principalmente el artículo 14 que señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, a menos que se encuentre en un juicio o conforme a la ley. De igual forma el artículo 16 indica que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito.
Los usuarios se han mostrado inquietos debido a que el proceso de entrega de pertenencias ha sido “inconsistente y poco transparente”, que nunca se respetó la presunción de inocencia y que además los hicieron firmar cartas de conformidad, en donde declaran que se les devolvió el contenido íntegro, a pesar de existir faltantes.
“Hay cajas todavía que no se han entregado, y uno de los compromisos que jamás se cumplió es que iban a bajar el nivel de requisitos para la entrega de las cajas”, aseguró David Uribe, afectado.
