Nuevas revelaciones sobre la administración de Guadalupe Taddei Zavala al frente de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) señalan un presunto esquema de irregularidades que abarca el uso discrecional de plazas directivas para personal de servicio personal, el empleo de vehículos de procedencia no aclarada y adjudicaciones de contratos por cientos de millones de pesos a empresas vinculadas a colaboradores cercanos.
Las indagatorias internas y periodísticas exponen un contraste entre los tabuladores oficiales y los puestos asignados a colaboradores directos del entorno de la consejera presidenta, así como posibles conflictos de interés en licitaciones públicas para procesos electorales.
Nómina con mandos directivos y choferes con estatus «VIP»
Entre los hallazgos reportados en la estructura del órgano electoral destacan asignaciones presupuestales para tareas ajenas a las funciones institucionales:
Puestos directivos para servicios personales: Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador de Taddei desde su gestión en el organismo electoral de Sonora, figura en la nómina como «Líder de Proyecto» con un sueldo mensual de casi 70 mil pesos, desempeñándose operativamente como su conductor y cocinero personal. En contraste, los choferes asignados a otros consejeros perciben ingresos de entre 31 mil y 39 mil pesos.
Uso de camioneta blindada: La consejera presidenta hace uso de una camioneta blindada que no forma parte del parque vehicular oficial del INE, cuya procedencia fue justificada como un «préstamo» sin precisar la identidad del propietario.
Caso de apoderado de proveedora: Jonathan Navarrete Torres, registrado bajo el nivel presupuestal LC4 (Jefe de Departamento) para el «transporte seguro» de la presidencia, no registra asistencia física en las instalaciones del instituto. Navarrete figura en el Registro Público de Comercio como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora del INE que se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Asignaciones millonarias a firmas vinculadas e investigaciones de la UIF
Las investigaciones señalan la adjudicación recurrente de contratos públicos a empresas vinculadas con personas cercanas a la titular del instituto, tales como Cajas Graf, representada legalmente por José Alfredo Hernández Casillas, con quien Taddei ha sido captada en eventos privados:
Antecedente en Sonora (2021): Durante la gestión de Taddei en el organismo electoral sonorense, se adjudicó un contrato por 46 millones de pesos a Cajas Graf, firma donde el hermano del apoderado presidía el Consejo de Administración.
Proceso en el INE (2025): La misma empresa obtuvo la asignación de un contrato para el suministro de materiales destinados a la elección judicial, con un techo presupuestal de hasta 198.7 millones de pesos.
Red de exfuncionarios y renuncia de mandos en el INE
Los señalamientos describen un esquema de «puerta giratoria» entre la representación legal de empresas proveedoras y cargos directivos en organismos electorales locales y federales:
Jesús Octavio García González: Pasó de desempeñarse como apoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg a ocupar la administración general del INE por designación directa.
Claudia Arlett Espino: Exsecretaria ejecutiva de Taddei que, en 2021, al frente del instituto electoral de Chihuahua, asignó 33.8 millones de pesos a Cajas Graf.
Iliana Araceli Hernández Gómez: Como secretaria ejecutiva en el instituto electoral de Oaxaca en 2024, otorgó 32 millones de pesos a Corporativo Zeg.
Ante la difusión de los hallazgos y el avance de las investigaciones sobre la red de contratistas, tanto Jesús Octavio García González como Claudia Arlett Espino presentaron su renuncia a los cargos que desempeñaban dentro del Instituto Nacional Electoral.
