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LAS CIFRAS QUE EL GOBIERNO ELIGE MENOS HOMICIDIOS, MÁS EXTORSIÓN Y DESAPARECIDOS

DRC by DRC
16 noviembre, 2026
in CDMX
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LAS CIFRAS QUE EL GOBIERNO ELIGE MENOS HOMICIDIOS, MÁS EXTORSIÓN Y DESAPARECIDOS

**Las cifras que el gobierno elige: menos homicidios, más extorsión y desaparecidos que cambian de número**

*El informe de seguridad de Clara Brugada presume la mejor marca de homicidios en 29 años, pero guarda silencio sobre las denuncias por extorsión y ofrece datos de desaparición que no coinciden ni entre sus propios reportes.*

«Tuvimos el mes de octubre con menos homicidios desde hace 29 años». Con esa frase, la jefa de Gobierno abrió el 9 de noviembre su informe mensual de seguridad, acompañado de una lista de indicadores a la baja: 586 homicidios dolosos entre enero y octubre, 12% menos que en el mismo periodo de 2025 y 20% menos que en 2024; robo de vehículo con violencia 56% abajo desde 2024; robo en el espacio público, 29% menos; y una reducción de 51% en los reportes de desaparición. Son datos que merecen reconocimiento: detrás de cada homicidio evitado hay una familia sin luto. Pero un informe de seguridad no se juzga solo por lo que muestra, sino también por lo que deja fuera, y en el caso de la Ciudad de México lo que falta dice tanto como lo que se presume.

También importa cómo se presenta lo que sí se muestra. El informe compara cada indicador contra el año que más le conviene: los homicidios aparecen contrastados con 2025, con 2024 y con 2019, cuando la caída llega a 53%; el robo de vehículo con violencia y los delitos de alto impacto, contra 2024, cuando la reducción es de 56% y 19%, respectivamente. Frente a 2025, el descenso de los delitos de alto impacto es de apenas 9%. Ninguna de estas cifras es falsa, pero cambiar de punto de comparación según el delito impide saber con claridad cuánto ha mejorado la ciudad en lo que va de esta administración, que es justamente lo que un informe de gobierno debería permitir evaluar.

El vacío más notorio es la extorsión. Sobre este delito, el informe ofreció dos cifras: 139 órdenes de aprehensión ejecutadas entre enero y octubre, un aumento de 144%, y 441 personas detenidas en lo que va de la administración. Lo que no ofreció fue el número de víctimas que denunciaron. La omisión pesa. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por extorsión en la capital pasaron de 473 en 2024 a 1,728 en 2025, un salto de 265% en un año, y en el primer trimestre de 2026 se iniciaron 383, la cifra más alta para ese periodo desde 2016. Presentar más detenciones sin decir que también hay más víctimas es como presumir más ambulancias sin mencionar que hay más accidentes: el dato es cierto, pero el panorama que construye es incompleto. La propia autoridad lo sabe: cuando el gobierno capitalino firmó en abril el Pacto contra la Extorsión, funcionarios judiciales y de seguridad reconocieron en el mismo acto que el delito seguía creciendo. Y su forma también cambió. En enero, 73% de las denuncias correspondieron a extorsiones por llamada telefónica, una modalidad de bajo costo y alto alcance que difícilmente se combate con patrullajes o detenciones en flagrancia. Como advirtió el académico Gallegos, de la Universidad Rosario Castellanos, más que un simple aumento podría tratarse de una evolución del delito hacia modalidades menos visibles, pero más extendidas.

Más detenciones tampoco significan justicia. Una investigación de Animal Político, basada en solicitudes de transparencia, encontró que de las carpetas por extorsión abiertas en la capital en 2025, apenas 155 llegaron a ser judicializadas, 8.8% del total, y alrededor de 60 terminaron en sentencia, 3.4% de las denuncias. El problema crece si se considera la cifra negra: con base en la ENVIPE del INEGI, que estima entre 550 mil y 650 mil víctimas de extorsión al año en la ciudad, el medio calculó que solo una de cada 10 mil extorsiones termina en condena. Para el comerciante que paga cuota o la familia que recibe una llamada amenazante, 441 detenidos en dos años no cambian la ecuación: la probabilidad de que su caso llegue a un juez sigue siendo casi nula. Otros delitos que golpean el bolsillo tampoco aparecieron en el informe; en el primer bimestre, el fraude aumentó 18.6% y las amenazas 9.08% frente al mismo periodo del año anterior.

El tema de las personas desaparecidas muestra un problema distinto, pero igual de serio: las cifras oficiales cambian sin explicación. El 27 de octubre, el gobierno capitalino presentó por primera vez un balance de su Comisión de Búsqueda. Ahí informó que el número de personas desaparecidas y no localizadas pendientes bajó de 7 mil 519 en noviembre de 2024 a 5 mil 226 en octubre de 2026, una disminución de 30.5%, y que las localizaciones crecieron 68%. Trece días después, en el informe del 9 de noviembre, la reducción ya era de 51% en reportes y el aumento en localizaciones, de 64%. Es posible que ambos datos midan cosas distintas, uno el acumulado de casos pendientes y otro los reportes nuevos, pero el gobierno no lo aclaró, y cuando se trata de personas que siguen sin volver a casa, la precisión no es un tecnicismo.

La mayor contradicción aparece al comparar con el registro nacional. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, citados a finales de julio, la Ciudad de México acumuló 531 casos en el primer semestre de 2026, un incremento de 71% frente al mismo periodo de 2025, con un alza especialmente grave entre mujeres, que pasaron de 96 a 232 casos. En cambio, las cifras del gobierno capitalino reportan 521 casos registrados entre el 1 de enero y el 15 de octubre, menos de los que el registro nacional ya contaba en junio. Que dos fuentes oficiales describan, para el mismo año, una ciudad donde las desapariciones se disparan y otra donde caen a la mitad exige una explicación pública y metodológica, no un comunicado triunfal ni una tabla aislada. Las madres buscadoras, que llevan años señalando subregistros y reclasificaciones, merecen saber cuál de las dos cifras es la real. Esa claridad es aún más necesaria porque el propio gobierno reconoce la dimensión del problema: según su Comisión de Búsqueda, desde 1952 se han acumulado 24 mil 539 reportes de desaparición en la capital, y la administración asumió en octubre 21 nuevos compromisos con familias y colectivos, que se suman a otros 30 ya pactados, con un aumento multianual de más de 460 millones de pesos para la política de búsqueda.

Conviene ser justos también con lo que sí avanza. El gobierno anunció que el presupuesto de la Comisión de Búsqueda pasará de 24 millones de pesos en 2024 a más de 80 millones en 2027, una exigencia histórica de los colectivos. Y la percepción ciudadana muestra mejoras: según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en la capital bajó 4.92% en el trimestre que terminó en septiembre y 9.70% frente al mismo periodo de 2025. Pero ese promedio esconde una ciudad partida en dos. Mientras en algunas alcaldías del poniente los vecinos se sienten más seguros (Cuajimalpa tuvo la mayor caída del trimestre, de 53.4% a 43.7%, y en Miguel Hidalgo la percepción de inseguridad es de 40%), en Xochimilco 67.1% de la población considera inseguro vivir ahí, en Iztapalapa 67% y en Tláhuac 63.8%. Las zonas con más carencias siguen siendo las que viven con más miedo.

Los propios capitalinos parecen percibir la distancia entre el discurso y la calle. En la encuesta de El Financiero de septiembre, la opinión negativa sobre el desempeño de Brugada en seguridad llegó a 75%, su nivel más alto, y 63% de los entrevistados señaló la inseguridad como el principal problema de la ciudad, incluso cuando la aprobación general de la jefa de Gobierno se ubicó en 60%. La explicación es sencilla: la mayoría de los habitantes no mide su seguridad por la tasa de homicidios, sino por el celular que le arrebatan en el transporte, la llamada de extorsión que recibe su negocio o el familiar que no contesta el teléfono. Esos delitos, más cotidianos y menos visibles, son justamente los que el informe trata con menos detalle.

Nada de esto invalida la reducción de homicidios, que es real y relevante. El punto es otro: un gobierno que elige qué cifras mostrar y cuáles omitir convierte la estadística en propaganda, y la propaganda no protege a nadie. Si la estrategia funciona, la mejor forma de demostrarlo es publicar completas las denuncias por extorsión, las sentencias obtenidas, la metodología del registro de desaparecidos y la conciliación con las cifras nacionales, con una misma base de comparación en todas sus cifras. Mientras eso no ocurra, cada informe mensual seguirá dejando la misma impresión: una ciudad que mejora en las láminas de la conferencia y que, para millones de personas, sigue siendo igual de insegura al salir a la calle.

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