PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El ambicioso programa de construcción de domos escolares en Quintana Roo, impulsado como una de las banderas de infraestructura educativa del gobierno estatal, enfrenta en 2026 un contraste marcado entre las cifras oficiales de avance y las denuncias recurrentes de padres de familia que documentan retrasos, obras abandonadas y movilizaciones sociales; aparte se le suma la gran corrupción que existe en la entrega de las obras en 1,109 domos escolares en planteles públicos de los 11 municipios del estado con una inversión que supera los 4 mil millones de pesos de un gobierno que presume humanismo pero garrotea y reprime a quienes se inconforman por estas obras mal hechas.
La meta establecida de mil 109 estructuras con el propósito de que ningún estudiante realice actividades al aire libre expuesto al sol intenso, las lluvias o las condiciones climáticas extremas propias de la región es en base a una reforma de ley estatal que obliga además a que toda nueva escuela pública cuente desde su inauguración con su respectiva techumbre.
La inversión proyectada asciende a alrededor de cuatro mil millones de pesos, distribuidos de manera plurianual. El costo promedio por domo oscila entre 3.3 y cuatro millones de pesos, según las dimensiones del terreno, el tipo de estructura, arcotecho o ligero y los trabajos complementarios de cimentación, desagüe pluvial, iluminación y adecuación de canchas. Hasta la fecha, el desembolso estimado por las estructuras ya entregadas y operativas se ubica en un rango de mil 190 a mil 360 millones de pesos, considerando unos 340 domos plenamente concluidos.
Para el cierre de 2026 el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo proyecta alcanzar un acumulado de 400 domos entregados. En la segunda mitad del año se destinaron 240 millones de pesos a un paquete de entre 59 y 60 nuevas obras, actualmente en fase de construcción o licitación, con prioridad en planteles de zonas rurales y de mayor vulnerabilidad en las que las inconformidades y corrupción tienen nombre y apellido: la máxima responsable política del proyecto recae en el Poder Ejecutivo, quien fijó la meta de los mil 109 domos y promovió las reformas legales que obligan a incorporar techumbres en toda nueva construcción escolar.
La ejecución técnica recae principalmente en dos dependencias: el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO), encargado de dictaminar necesidades, licitar y supervisar las obras, y la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), que ejecuta paquetes específicos. Desde abril de 2026, el director general del IFEQROO es el ingeniero civil Moisés Fernando Pérez Canto, pero quien controla el meollo del asunto, el que cobra los moches de este millonario negocio es el titular de la SEOP es José Rafael ‘Pepe’ Lara Díaz.
Las denuncias de padres de familia coinciden en señalar que el principal detonante de las protestas no es necesariamente el diseño estructural, sino el abandono de los frentes de obra por parte de contratistas que incumplen los plazos de entrega. Aunque la mayoría de los conflictos se resuelven mediante diálogo antes de escalar a cierres viales permanentes, varios episodios han generado tensiones visibles.
En septiembre de 2026, padres de la primaria Jacinto Pat, en la comunidad de Chumpón, en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, bloquearon durante varias horas la carretera Chumpón-Tepich. Exigían la terminación de un domo que llevaba dos años a medias, además de la asignación de un maestro de primer grado, pues una sola docente atendía a 36 alumnos de todos los grados.
El bloqueo se levantó tras la intervención de la Secretaría de Gobierno estatal, que se comprometió a entregar la estructura antes del 17 de octubre. En agosto de ese mismo año, al inicio del ciclo escolar, tutores de una primaria en Chetumal suspendieron clases y emplazaron a las autoridades del IFEQROO por el riesgo que representaba el material abandonado y las obras inconclusas dentro del plantel.
En mayo, en la comunidad de Cobá, municipio de Tulum, las quejas reiteradas de padres por la parálisis de techumbres obligaron a rescindir contratos y reasignar las obras a una nueva empresa. Casos similares se han registrado en otras localidades. En Cozumel, padres de la primaria Jorge México denunciaron varillas expuestas y maquinaria abandonada que convertían el patio en un riesgo permanente para los menores.
En Playa del Carmen y Chetumal se han reportado estructuras antiguas con corrosión avanzada o techos deteriorados que obligaron a acordonar zonas y limitar el uso de espacios recreativos. La constante es que, cuando los contratistas abandonan los trabajos, las comunidades se movilizan para exigir respuestas.
Las empresas participantes son mayoritariamente contratistas locales que concurren a las licitaciones del IFEQROO bajo fondos como FAFEF, FAM y FISE, aunque también han intervenido firmas foráneas a las que son señaladas de graves actos de corrupción.
Una de las más mencionadas es Cinco Contemporánea S.A. de C.V., que ha ejecutado obras como el domo tipo arco techo de la Telesecundaria José Vasconcelos en Chetumal y ha obtenido contratos de mayor volumen en paquetes anteriores.
El gobierno humanista no ha documentado de manera pública y sistemática listas de constructoras sancionadas por estos incumplimientos específicos del programa de domos, aunque en algunos casos las autoridades han optado por la rescisión de contratos y la reasignación de las obras. Sin embargo toda esta información y el manejo de casi mil 500 millones de pesos sigue en la opacidad en las páginas de transparencia.
El programa responde a un rezago histórico real no obstante, los retrasos, el abandono de frentes de obra y las movilizaciones de padres evidencian fallas en la supervisión y en el cumplimiento de plazos por parte de algunos contratistas. Mientras el gobierno insiste en que el avance se mantiene dentro de los tiempos programados para alcanzar la meta en 2027, las comunidades afectadas continúan documentando que, en demasiados casos, las promesas de entrega se diluyen y solo la presión social logra reactivar las obras. La diferencia entre el discurso de infraestructura histórica y la realidad cotidiana en muchas escuelas de Quintana Roo sigue siendo, a mediados de 2026, un tema de tensión abierta y de evidentes actos de corrupción.
