La iniciativa para que plataformas como Uber, DiDi e InDrive circulen como servicios regulados en Veracruz continúa en revisión y aún no ha sido enviada al Congreso del Estado, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, en el arranque de las comparecencias del gabinete estatal por la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
En cuanto a la Ley de Movilidad, el funcionario adelantó que la iniciativa está en revisión final por la Secretaría de Finanzas y Planeación antes de enviarse al Congreso local, donde deberá ser discutida por los legisladores.
Ahued Bardahuil advirtió además que se sancionarán los cobros excesivos en el servicio de grúas estatales que rebasen el tabulador oficial.
La iniciativa es resultado de varios meses de mesas de trabajo con representantes de las aplicaciones y de organizaciones de taxistas, un proceso que encabezaron el propio secretario de Gobierno y el titular de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, quienes recibieron a ambos grupos y escucharon sus propuestas.
La gobernadora Rocío Nahle García había anunciado que propondría al Congreso las reglas para que Uber, DiDi e InDrive operen en Veracruz, con la intención de establecer un marco que contemple a todos los involucrados en el servicio de transporte de pasajeros y ponga fin a la incertidumbre jurídica que durante años ha rodeado la operación de este esquema de movilidad en la entidad.
«Aquí se va a hacer la ley para el bien de todos, de todos», respondió la gobernadora al ser cuestionada sobre si los taxistas están de acuerdo con la entrada de las plataformas digitales de transporte a Veracruz, aunque no confirmó que el gremio haya aceptado la propuesta.
Nahle informó que esperaba recibir la opinión de impacto sobre el proyecto para posteriormente enviarlo al Congreso de Veracruz, y cuestionada sobre si la regulación pudiera quedar aprobada antes de que termine 2026 y entrar en vigor el próximo año, respondió que será el Poder Legislativo el encargado de revisar la iniciativa, por lo que los tiempos dependerán de la soberanía legislativa.





