Chetumal, Q. Roo, 30 agosto, poder&crítica.- La justicia federal niega amparo a excolaboradores del exgobernador Roberto Borge, preso en Panamá y en espera de ser extraditado, así como de funcionarios que formaron parte de su gabinete y que llevaron al caos financiero en que se encuentra el Estado.
De acuerdo con notificaciones presentadas en el Juzgado Primero de Distrito en esta ciudad, se da vista al ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, la revocación del amparo promovido para evitar cualquier acto de detención en su contra por parte de autoridades de la PGR, así como de la Fiscalía General del Estado, debido a que la solicitud no fue ratificada por sus abogados, además de que no se le localizó en el domicilio que dio para escuchar y conocer cualquier notificación.
Situación similar es la que existe con Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario Técnico Hacendario, así como de Raúl Aguilar Laguardia, extitular de la Cojudeq, además de Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, quien ha tratado de promover amparos en el Juzgado de Distrito, así como en el XIV Colegiado de Distrito con sede en Cancún.
La lista de exfuncionarios acusados de cometer fraudes, abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones y saquear las arcas de la Tesorería del Gobierno del Estado es extensa, donde también figura el exsecretario de Salud, Juan Ortegón Pacheco, al igual que el extitular de la SEyC, José Alonso Ovando; asimismo, se encuentra Fernando Escamilla Carrillo, Quien estuvo al frente de Sintra, seguido por Ercé Barrón Barrera, exdirector de la Apiqroo.
Algunos funcionarios menores que trabajaron en diversas dependencias, se han presentado a declarar amparados de manera voluntaria sobre su desempeño en la pasada administración, pese que no fueron citados a comparecer en tiempo y forma por parte de PGR y FGE; sin embargo, ante el temor de que se les pudiera fincar responsabilidad penal o inhabilitarlos, han acudido a estas instancias en compañía de sus abogados para dar su versión en torno a las acusaciones que se les están haciendo a quienes en su momento fueron sus jefes inmediatos.
Debemos mencionar que la mayoría de los funcionarios prácticamente han desaparecido de Quintana Roo, especialmente en Chetumal, donde han abandonado sus propiedades que tenían en lujosos fraccionamientos y colonias como Andara, donde una casa tiene un costo no menor a los dos millones de pesos, situación similar se vive en la colonia Campestre y Flamboyanes, donde las viviendas que habitaban fueron abandonadas por sus moradores que gozaron de la opulencia durante la pasada administración gubernamental.
