PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La iniciativa para reformar la Ley Electoral presentada en el Congreso del Estado por la diputada Majo Osorio busca prohibir y sancionar a los funcionarios que publiquen en sus redes sociales la entrega de regalos o apoyos a la población, como despensas, juguetes, dinero, medicinas, etcétera; la propuesta de ley impactará al grueso de los políticos locales que han hecho de los programas de asistencia un ‘modus vivendi’ para mantenerse en el top del electorado, principalmente a los integrantes de «La Mafia Verde» incrustada en la actual administración violentando los preceptos de la Cuarta Transformación de NO Mentir, NO Robar y NO Traicionar al pueblo.
Los políticos estarían obligados a seguir usando los recursos públicos para ayudar a las personas, solo que no podrán colgarse de eso para ganar una candidatura por lo que la propuesta, desde el jueves ha estado en la plática colectiva ya que de inmediato encontró resistencia entre cientos de políticos que usan este proselitismo barato aprovechándose de la necesidad ciudadana, con ella, los apoyos sociales no serán utilizados como herramienta de promoción personal por parte de funcionarios y actores políticos.
La propuesta plantea incorporar el artículo 400 Bis a la legislación estatal, con el objetivo de prohibir la difusión pública de entregas de apoyos sociales cuando éstas tengan fines de posicionamiento político, propaganda o promoción de imagen.
Por ejemplo: el dirigente del PVEM en Playa del Carmen es uno de los políticos que utiliza las redes sociales para promocionarse con la entrega de apoyos como sillas de rueda y triciclos de carga, lo más grave de estas entregas es que no son recursos de su bolsa, son los millones de pesos de los programas sociales que «La Mafia Verde» usa para su beneficio personal y no para el bienestar del pueblo.
Por esos con esta iniciativa, Majo Osorio busca establecer límites claros al asistencialismo mediático que durante años ha convertido las carencias de muchas familias en contenido para redes sociales y campañas personales: «La dignidad de las personas no puede seguir utilizándose como estrategia de marketing político», sostiene Majo Osorio.
El regidor playense que trabaja para ser nominado a la alcaldía por ese municipio, realmente aspira a ocupar el curul que actualmente tiene Majo Osorio, pero que en la realidad, es rechazado por el pueblo que en sorna lo llaman con el mote de ‘La Barbie Verde’.
Otro personaje que se vería afectado con esta ley y que terminaría con sus aspiraciones políticas es el líder estatal de «La Mafia Verde» Renán Sánchez Tajonar quien como presidente de la JUGOCOPO dispone de más de 500 millones de pesos a los cuales le mete mano para promocionarse a la presidencia municipal de Cozumel.
Su redes sociales dan cuenta de cómo lucra con los apoyos que entrega a su nombre y con la bandera del PVEM pero con los recursos del congreso; por eso la iniciativa ha comenzado a generar debate en Quintana Roo, especialmente entre sectores que consideran urgente regresar el enfoque de la política al trabajo legislativo y a la construcción de soluciones de fondo, dejando atrás prácticas centradas en la exposición mediática de la pobreza y la necesidad.
La iniciativa a la cual Sánchez Tajonar, quien ya piensa en no dejarla pasar, pues de ser aprobada acabaría con el negocio del Verde y la vida de una bola de zánganos que medran de la política por intereses personales. La Diputada amenaza con dejar sin contenido las redes sociales de muchos políticos que a falta de iniciativas de ley, se han vuelto expertos en posar para la cámara de sus teléfonos. Con esta propuesta, Majo Osorio, diputada de Playa del Carmen, se coloca en el centro de una discusión nacional sobre ética pública, dignidad humana y los límites entre la ayuda social y la promoción política.
Otro caso más significativo es el de Pablo Bustamante al frente de la Secretaría del Bienestar, el el político fundador de «La Mafia Verde» que más utiliza las redes sociales para promocionarse y lucrar con la necesidad del pueblo; por sus manos han pasado más de 5 mil millones en entregas de despensas y apoyos sociales que lo colocan como el candidato más fuerte a la silla de Benito Juárez. Bustamante es de la más corrupto que ha parido el Partido Verde.
De aprobarse esta reforma a muchos se les acaba el negocio de la lágrima fácil y la fotografía oportunista; ahora, si quieren salir en la foto, tendrán que probar que saben arrastrar el lápiz y no solo que saben entregar una silla de ruedas con sonrisa ensayada.
La iniciativa de Majo Osorio es un golpe directo contra una costumbre rancia y oportunista en Quintana Roo, el uso de la necesidad ajena como trampolín político, pero al reformar la Ley Electoral del estado de Quintana Roo para añadir el artículo 400 Bis, una regla clara que prohibiría a los funcionarios y actores políticos lucrar con la entrega de apoyos sociales.
En pocas palabras, se trata de evitar que el dolor de una familia se convierta en el papel tapiz de los perfiles de Facebook de los funcionarios. La idea es que la crisis de un ciudadano, ya sea por una enfermedad o por falta de dinero, deje de funcionar como el estudio fotográfico donde los políticos simulan una bondad que solo aparece cuando hay buena iluminación y una cámara encendida.
Con esta Reforma a la Ley, Majo Osorio pone el dedo en la llaga al señalar que, ante la evidente falta de resultados legislativos, muchos representantes han optado por el asistencialismo mediático, entregando sillas de ruedas o medicinas solo si hay una cámara de por medio.
La propuesta no impide que se ayude, ni que se guarde evidencia fotográfica para efectos de transparencia y auditoría interna. Lo que busca es castigar la difusión pública de esa ayuda con fines de imagen.
“En Quintana Roo, la política de la vieja escuela nos acostumbró a que el servidor público debe de ser el centro de atención, pero la realidad es que entregar una silla de ruedas, una beca, un apoyo alimentario o cualquier otro tipo de ayuda, no es un favor personal, es dinero que sale de los impuestos de todas y todos y que deben regresar al pueblo”, remarcó la diputada Osorio.
Señaló que “la vulnerabilidad de una persona convertida en un trofeo para ganar likes” es algo que simplemente ya no se puede permitir, porque la entrega de ayudas sociales forma parte de las obligaciones de un servidor público y no debe convertirse en una sesión de fotos para su lucimiento personal.
Reafirmó su compromiso de seguir legislando por el bienestar y para proteger la dignidad ciudadana, porque el respeto a las familias del estado está por encima de cualquier estrategia de marketing: “Se necesitan instituciones fuertes, transparentes, pero sobre todo, humanas, donde el protagonista sea el ciudadano y que el beneficio llegue a todos los hogares”, concluyó la diputada de la XVIII Legislatura.
