La Fiscalía General del Estado de Veracruz y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) intensificaron la revisión de las finanzas públicas de la administración 2018-2024. Hasta este sábado, hay 25 casos judicializados contra exfuncionarios de primer y segundo nivel por presunto daño patrimonial, y el Orfis confirmó que los expedientes del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez siguen abiertos y en fase de solventación.
La fiscal Verónica Hernández Giadáns detalló que las carpetas involucran a extitulares de Sefiplan, SIOP, Salud, Sedarpa y Espacios Educativos, así como a exdirectores de institutos y fideicomisos. Los delitos que se persiguen incluyen peculado, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones. El monto observado supera los 1,900 millones de pesos, de acuerdo con las auditorías 2020-2023.
Entre los casos más avanzados destaca el de la Secretaría de Salud, donde se detectaron compras de medicamento oncológico con sobreprecio de hasta 240% y pagos a empresas fantasma por 312 millones de pesos. También figura la SIOP, por obras pagadas no ejecutadas en 18 municipios del sur y la zona de Los Tuxtlas. Ya hay seis exservidores vinculados a proceso y tres con órdenes de aprehensión vigentes, aunque no se han ejecutado.
Por su parte, la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, señaló que los expedientes del sexenio anterior no se han cerrado porque “persisten observaciones graves sin solventar”. El órgano mantiene 48 pliegos de observaciones y 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Añadió que el Orfis cruza información con la ASF y la UIF para rastrear la ruta del dinero.
El exgobernador Cuitláhuac García ha rechazado las acusaciones y asegura que su administración entregó “cuentas claras”. Sin embargo, el actual gobierno estatal sostiene que no habrá “pactos de impunidad” y que las investigaciones llegarán “hasta donde topen”.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz respaldaron las acciones y pidieron que los procesos se lleven sin tintes políticos. Mientras, los juzgados de control en Pacho Viejo programaron las primeras audiencias intermedias para julio.
Con 25 casos ya en tribunales y la fiscalización aún abierta, Veracruz abre un nuevo capítulo en la revisión de su pasado reciente: la rendición de cuentas, advierten autoridades, no prescribe con el cambio de sexenio.
