En un mensaje directo y sin rodeos, el embajador de Estados Unidos en México urgió esta semana a los tres niveles de gobierno a “triplicar las sanciones penales y administrativas por soborno, cohecho y colusión”, al advertir que la impunidad sigue siendo el principal combustible del crimen organizado transnacional. La declaración, lanzada durante un foro sobre integridad pública en la UNAM, se dio a menos de 50 días del Mundial 2026 y en medio de un deterioro diplomático bilateral.
“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante de la confianza pública usar el cargo para beneficio propio”, sentenció el diplomático, retomando la postura que llevó al cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo por sospechas internas. Aunque no mencionó casos específicos, vinculó la falta de castigos ejemplares con el tráfico de fentanilo, armas y personas que atraviesan la frontera.
El embajador pidió a México homologar el Código Penal Federal y las leyes estatales para que el soborno a servidores públicos, nacionales o extranjeros, alcance penas de hasta 27 años de prisión y multas por el triple del beneficio obtenido, alineándose con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). También planteó que la extinción de dominio aplique desde la vinculación a proceso, no hasta la sentencia, y que los contratos públicos incluyan cláusulas de “muerte civil” para empresas condenadas.
La exigencia ocurre cuando Transparencia Internacional ubicó a México con 27 puntos sobre 100 en su Índice de Percepción de la Corrupción 2026, séptimo lugar en el continente y por debajo del promedio regional de 42. El informe alerta que más del 90% de los asesinatos de periodistas ocurre en países con calificaciones menores a 50, como México, Brasil e India.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que su administración ya implementa el Programa Sectorial Anticorrupción 2025-2030 y que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado cuentas por lavado ligado a cárteles. Sin embargo, analistas como Sergio Aguayo señalan que Washington “modificó su apoyo tácito” y ahora exige resultados contra la complicidad entre gobernantes, criminales y empresarios.
El embajador cerró: “No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna oficina que represente a EE. UU. México es socio, pero la sociedad se construye con reglas claras. Si el delito paga, la democracia pierde. Y la neta, eso no lo vamos a permitir”.
Con esto, la presión se traslada a los congresos locales y al federal, donde ya se discute una reforma para aumentar penas y crear fiscalías especializadas. La cuenta regresiva para el Mundial también es cuenta regresiva para demostrar que el discurso anticorrupción se traduce en cárcel, no solo en comunicados.
