César Jáuregui Moreno presentó la noche del lunes su renuncia irrevocable como fiscal general de Chihuahua, tras la polémica por la muerte de dos agentes estadounidenses —presuntamente de la CIA— que participaron en un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos el pasado 19 de abril.
“Reconozco omisiones en la información y fallas en la gestión institucional que vulneraron los mecanismos de control que tenía la obligación de asegurar”, dijo Jáuregui en conferencia de prensa. “Por congruencia, pongo a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía y restablecer la confianza pública”.
El operativo logró localizar y destruir uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes detectados en la historia reciente del país. Sin embargo, el éxito quedó opacado cuando la camioneta donde viajaban mandos de la Agencia Estatal de Investigación sufrió un accidente al regresar de la sierra. En ella iban el director de la corporación, Pedro Román Oseguera, y dos instructores de la Embajada de EU que murieron junto con otros dos ocupantes.
Días después, The Washington Post reveló que los extranjeros eran agentes de la CIA que habrían ingresado sin autorización oficial para labores tácticas, versión que generó críticas sobre violación a la soberanía y a la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ni la gobernadora Maru Campos ni Jáuregui cumplieron el marco jurídico de colaboración internacional, y pidió que ambos comparezcan ante el Senado.
Jáuregui admitió que la información inicial compartida fue “inconsistente” y que la presencia de los agentes no se procesó por los canales institucionales. “La exigencia de resultados no puede justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley”, subrayó.
El exfiscal, quien asumió en 2022, entregó su dimisión a la gobernadora Campos. Su salida busca facilitar las indagatorias y “reforzar la disciplina institucional”, dijo. Hasta ahora no se ha nombrado sucesor.
La Fiscalía estatal informó que continúa la investigación por el accidente y por la participación de los agentes extranjeros. Organizaciones civiles exigen esclarecer bajo qué condiciones operaron y si hubo responsabilidad de mandos locales. Mientras, el golpe al crimen organizado permanece bajo la sombra de una crisis diplomática y política.
