Poder y Crítica| Redacción | Esta gira se da tras una invitación hecha por el Gobierno de México para atestiguar la situación del desplazamiento forzado interno (DFI) hasta el 9 de septiembre, cuando se va a dar a conocer un informe público de su viaje, según la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.
Esta es la primera vez que México recibe a una representante de la relatoría, que se conformó en 2010, resaltó el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas.
“En México, estamos abiertos al escrutinio internacional, no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino porque sabemos que el trabajo colaborativo con organismos internacionales nos fortalece como gobierno”, explicó Encinas.
La visita al país de Jimenez-Damary se da mientras la violencia y los conflictos en México han originado el desplazamiento forzado interno de 379,000 personas, según reveló en junio el “Manual sobre desplazamiento interno” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta situación ha afectado, en particular, a las poblaciones indígenas del sureste y noroeste del país, en donde grupos armados han forzado a los habitantes a abandonar sus hogares y mudarse a otras regiones.
“En México se han documentado casos de desplazamiento forzado interno desde la década de los 70. Sin embargo, fue hasta 2019 cuando de manera oficial se reconoció la existencia y gravedad de este fenómeno”, precisó la Segob en su boletín.
Entretanto, la relatora sostendrá reuniones con autoridades de Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Chiapas para dialogar con personas que enfrentan el desplazamiento interno.
Así también, sostendrá conversaciones con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, representantes del Congreso, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Encinas reconoció “el abandono institucional a todas estas víctimas en el pasado, especialmente a las de DFI”.
“(Esto) trajo como resultado la falta de atención, e impidió y postergó la construcción de un andamiaje institucional mínimo de atención, respuesta y prevención, y propició la inexistencia de un marco normativo adecuado y robusto que brindara una respuesta efectiva”, añadió.
