PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reveló un informe hecho público esta semana sobre los lazos entre el gobierno del estado de Nayarit y un grupo criminal con el cual trabajó de forma directa de 2011 a 2016, mediante un “grupo ejecutor” controlado desde la fiscalía.
Según la dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno estatal de Nayarit estuvo trabajando con el cártel de de los Beltran Leyva para posteriormente romper su alianza y apoyar a un grupo más fuerte en ese momento, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con el informe parte de la estructura criminal seguía operando el año pasado.
El documento señala que la red criminal operada desde el gobierno de Nayarit comenzó a delinearse a partir de 2009, con el acceso a cargos públicos municipales de dos de sus actores clave: Roberto Sandoval (alcalde de Tepic de 2008 a 2011) y Edgar Veytia.
Añade que se consolidó a partir de 2011 cuando el primero quedó al frente del gobierno estatal y el segundo en seguridad pública y luego en la fiscalía del estado. Asimismo, detalla que se reestructura en 2017 tras la detención de Veytia y con el fin del gobierno de Sandoval.
El exfiscal está actualmente en prisión en Estados Unidos cumpliendo una sentencia por narcotráfico, mientras que Sandoval fue detenido el año pasado y está encarcelado en México por delitos de corrupción.
El documento indica que “la dupla Sandoval-Veytia”, pactó con el cártel de los Beltrán Leyva para operar a su favor de 2011 a 2016. Esta alianza se rompió cuando vendieron la plaza al cártel de Jalisco Nueva Generación, que cobraba fuerza al final de ese periodo. Estados Unidos vinculó a Sandoval con este segundo grupo.
Los funcionarios traicionaron a sus antiguos aliados y a principios de 2017 informaron a la Marina de donde estaban sus líderes, entre ellos el conocido como H-2, que fueron abatidos en un impresionante operativo con un helicóptero artillado en plena capital de Nayarit.
Fiscales estadounidenses acusaron en 2020 al exsecretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, de asistir precisamente al H-2 aunque después retiraron la acusación y dejaron libre al general que regresó a México, donde el gobierno dijo que no se encontraron cargos en su contra.
El informe indica que en 2017 “personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit estaba reclutando a jóvenes para el CJNG y operaba ya para éste”.
Desde 2018, comenzó una disputa por el control del territorio entre grupos criminales que, según el documento, no ha terminado ya que de 2018 a 2021 ha habido un incremento en el número de homicidios.
El informe señala también que la estructura creada por los altos funcionarios ahora encarcelados aparentemente seguía operando con “bajo perfil” hasta el año pasado puesto que en 2020 se incrementaron las desapariciones (hubo 164), más que las registradas en 2017 (136).
La Comisión Nacional de Búsqueda recopiló y analizó datos de distintas fuentes porque considera que una de las claves para buscar a los desaparecidos es entender el contexto criminal en el que ocurrieron las desapariciones.
Según sus datos, cuando la estructura criminal estaba en su apogeo, funcionarios de distintos tipos -desde policías a jueces- se encargaban de distintas operaciones criminales desde ejecuciones, desapariciones y torturas a amenazas, extorsiones y obstrucción de la justicia mediante la creación de delitos, forzando encarcelamientos de contrarios o no actuando ante ciertos crímenes.
