PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | A dos días de la licencia de Rubén Rocha Moya, el estado de Sinaloa enfrenta un escenario de incertidumbre política y tensión social, marcado por hechos de violencia y un ambiente de desconfianza ciudadana.
En Culiacán, la situación sigue siendo compleja: calles semivacías, presencia constante de fuerzas de seguridad, negocios cerrados y una violencia que no cede. Incluso durante la toma de protesta de Yeraldine Bonilla Valverde, se registraron ataques armados en distintos puntos de la ciudad.
Violencia y crisis social
Mientras Bonilla Valverde asumía el cargo, un conductor fue asesinado en la zona del Pedregal del Humaya. Horas después, otro homicidio ocurrió frente a un centro comercial sobre el bulevar Lola Beltrán.
La percepción ciudadana refleja hartazgo. Habitantes consultados señalan frustración ante la falta de resultados en seguridad, mientras comerciantes advierten afectaciones económicas por el cierre de negocios y la baja actividad.
Respaldo político y ausencia pública
En su primer mensaje, la gobernadora interina defendió a Rocha Moya, calificando como “falsas” las acusaciones en su contra y expresando confianza en su inocencia.
Desde su salida del cargo, el mandatario con licencia ha permanecido fuera de la vida pública, presuntamente resguardado en su domicilio.
Presión política y cuestionamientos
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la licencia no resuelve la crisis de fondo, señalando posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado, así como una presunta intervención en procesos electorales.
Incluso planteó la posibilidad de que el Senado evalúe la desaparición de poderes en la entidad como medida constitucional ante la gravedad del contexto.
Retos para el gobierno interino
Analistas coinciden en que la administración de Bonilla Valverde enfrenta un reto inmediato: restablecer la seguridad, recuperar la confianza ciudadana y garantizar estabilidad institucional.
La coordinación entre fuerzas estatales y federales será clave en un momento en el que la población exige resultados concretos y mayor transparencia en las investigaciones.
En medio de este panorama, Sinaloa atraviesa una etapa crítica donde el rumbo político y la capacidad de respuesta institucional serán determinantes para contener la crisis.
