Q.Roo, 02 julio; poderycritica.-El Inai exhortó al Instituto de Transparencia de Quintana Roo fundamentar porqué decidió resolver el que dar a conocer los estados de cuenta de una empresa paraestatal en la entidad podría impedir u obstaculizar una auditoría en el caso de un particular contra una paraestatal de dicha entidad. En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que el comisionado Joel Salas Suárez fue el encargado de presentar el asunto ante sus colegas. Detalló que de acuerdo con los antrecedentes del caso, un particular solicitó a la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP SAESA) sus estados de cuenta bancarios del 26 de septiembre de 2016 al 5 de julio de 2017. El comisionado detalló que se trata de una información crucial, puesto que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Quintana Roo inició una averiguación contra 10 exfuncionarios de VIP SAESA e identificó irregularidades por casi 620 millones de pesos. Además, en la revisión de la cuenta pública estatal de 2016 VIP SAESA no pudo solventar 28 millones 391 mil 984 pesos, lo cual es sumamente relevante de conocer en casos como este. Frente a la solicitud del particular, expuso, VIP SAESA reservó su información de 2016 bajo el argumento de que proporcionarla obstaculizaría auditorías y procedimientos para fincar responsabilidades y entregó versión pública de los estados de cuenta 2017. Inconforme, el particular interpuso el recurso RR/140-17/NJLB ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, que ratificó la reserva de los estados de cuenta de 2016. A su vez, el recurrente impugnó esta resolución, ahora ante el Inai, bajo el recurso RIA 0058/18, explicando que el instituto local no realizó las gestiones necesarias para confirmar o no la clasificación de la información. El comisionado Salas explicó que al revisar el caso concluyó que el Instituto de Acceso a la Información quintanarroense omitió corroborar la existencia de una auditoria, analizar la naturaleza de la información solicitada y efectuar las gestiones necesarias para allegarse de los elementos para resolver conforme a derecho. De esta manera, el pleno aprobó la propuesta del comisionado Salas, en el sentido de revocar la respuesta del Instituto de Quintana Roo, para que emita una resolución que funde y motive con todos los elementos necesarios, incluyendo corroborar la existencia de una auditoría, su decisión. Es decir, deberá demostrar si la difusión de la información podría impedir u obstaculizar dicha actividad.
