Poder y Crítica | Redacción | En medio del marcado incremento de la violencia y las actividades de grupos criminales que aqueja a Chiapas, un aspecto preocupante son las amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos y del territorio, publicó La Jornada.
En primer lugar, en días pasados se cumplió un año de la ejecución por sicarios en plena calle en Simojovel del dirigente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro. Su asesinato se dio en un contexto de criminalidad desatada en Chenalhó y Pantelhó, municipios de los Altos donde son recurrentes las pugnas entre grupos armados, y las agresiones de éstos a la población civil y pacífica.
En otro caso, las inusitadas amenazas y agresiones a brigadas de observación internacionales llevaron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Fray-ba) a cerrar, por primera vez en 28 años, un campamento en el cual proteger a las personas observadoras nacionales e internacionales.
Desde noviembre de 2019, el Nuevo Poblado San Gregorio, en territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es agredido de manera constante por un grupo de las aledañas rancherías San Andrés Puerto Rico, Duraznal y Rancho Alegre, que invadieron 155 hectáreas del territorio colectivo del municipio autónomo Lucio Cabañas.
Hace poco más de un año se instaló allí una de las Brigadas Civiles de Observación (Brico) que, en lo que va de este año ya documentó 21 agresiones contra las familias zapatistas de Nuevo San Gregorio: “Intimidaciones, amenazas de muerte, violencia sexual y de tortura; agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes; cortes de agua, vigilancia; obstaculización, control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas. El territorio ha sido cercado con alambre de púas, negando el derecho a una vida digna, alimentación, salud y educación”.
A mediados de junio, el grupo agresor incrementó sus acciones y además profirió “amenazas graves contra las Brico”. El Frayba destaca que ya fueron informados el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la relatora especial sobre los Desplazados Internos, ambos de la ONU, así como las embajadas en México cuyos ciudadanos se encontraban en la comunidad.
La omisión del Estado agrava los riesgos
Aún así, señala que “los tres niveles de gobierno guarden un sepulcral silencio”. La “omisión” del Estado para atender esta situación “agrava el riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población, así como de los integrantes de las Brico”.
El Frayba enumera también los casos de persecución policiaca y judicial a defensores, que en las actuales condiciones de violencia e impunidad en la región se han profundizado. “El sistema de justicia en Chiapas amedrenta y criminaliza a las personas defensoras”, como sucedió con cinco luchadores sociales de San Juan Cancuc, quienes se oponen a la militarización de su territorio y la imposición de megaproyectos, y con la reciente solicitud de orden de aprehensión contra el sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, “emitida por la Fiscalía General del Estado el 21 de junio”, en relación directa “a sus acciones de caminar la paz y cuidar la casa en la región de los Altos”.
El ambiente de hostigamiento judicial y criminalización, “del que el gobierno estatal es cómplice, no hace más que avivar las ansias de una vida buena, digna y de seguir construyendo caminos para la paz”. Cabe agregar a Cristóbal Santiz, defensor de Aldama, donde los paramilitares de Chenalhó no dejan de disparar; luego de estar encarcelado, sigue bajo arresto domiciliario por acusaciones que no han sido demostradas.
Otro caso de criminalización de defensores se dio el 15 de octubre de 2020, cuando tseltales de Chilón se manifestaron pacíficamente contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. “Durante el operativo detuvieron a los activistas comunitarios César y José Luis, y fueron víctimas de tortura y malos tratos. El 17 de octubre, César y José Luis fueron trasladados de forma exprés del penal regional de Ocosingo a El Amate de Cintalapa, sin previa notificación a la defensa”.
En el ya citado caso de Cancuc, donde luchadores comunitarios fueron acusados de asesinato, el Frayba exige “una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez”.
Asimismo, “que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de cuya inocencia existen múltiples testigos”, y que “las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población”.
En conjunto, los hechos documentados llevan al Frayba a declarar que “existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación, y se inventan pruebas a modo para forzar su teoría de cada caso. Esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes, patrón que a su vez avalado por el Poder Judicial del estado”.
