PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Grupo Salinas acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de vulnerar sus derechos y de emitir resoluciones “alineadas a intereses políticos” en asuntos relacionados con las empresas de Ricardo Salinas Pliego. En un comunicado, el conglomerado señaló que, por segunda ocasión en menos de una semana, los ministros resolvieron en su contra sin considerar —según su postura— los argumentos jurídicos presentados.
La corporación calificó al Alto Tribunal como una institución “sin legitimidad” y afirmó que la votación reciente habría seguido directrices del Ejecutivo federal. También acusó a los ministros de desestimar sus alegatos sin un análisis profundo, lo que, a su juicio, representa una afectación al estado de derecho.
Uno de los señalamientos más contundentes fue la queja por la decisión de la Corte de revertir un impedimento aprobado en 2024 para que la ministra Lenia Batres no conociera casos relacionados con el grupo empresarial. Grupo Salinas sostiene que la ministra ha expresado públicamente posturas contrarias a Salinas Pliego y que ello compromete la neutralidad en sus resoluciones.
De acuerdo con el comunicado, las determinaciones recientes envían el mensaje de que la justicia se utiliza “de forma selectiva” y que se busca invalidar decisiones favorables al conglomerado para dar prioridad a los intereses del Ejecutivo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó además que esta situación genera un ambiente de incertidumbre para inversionistas y afecta la percepción sobre la independencia de los poderes públicos.
El grupo empresarial aseguró que seguirá defendiendo sus intereses en otras instancias, nacionales e internacionales, y reiteró que está dispuesto a cumplir con contribuciones fiscales “justas”, pero no con las que considera “excesivas o ilegales”.
SCJN confirma adeudos fiscales de Nueva Elektra del Milenio
En paralelo, la Suprema Corte resolvió que Nueva Elektra del Milenio deberá cubrir adeudos superiores a 67 millones de pesos, en un fallo que se suma a otras decisiones recientes desfavorables para el conglomerado.
Con seis votos a favor, los ministros avalaron el proyecto de la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024, determinando que el Servicio de Administración Tributaria sí tiene facultades para fiscalizar directamente a empresas integrantes de grupos que presentan declaraciones consolidadas. La resolución revierte un criterio previo que limitaba esta facultad a la compañía controladora.
La discusión de otro amparo, relacionado con TotalPlay y un adeudo estimado en 645.7 millones de pesos, se aplazó a petición del ministro presidente Hugo Aguilar.
Estas resoluciones se suman a un periodo en el que la Corte ha rechazado la mayoría de los recursos con los que Elektra y TV Azteca buscaban frenar cobros del SAT correspondientes a ejercicios fiscales de 2008 a 2016.
La semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa manifestó preocupación por el conflicto entre el Gobierno y TV Azteca, señalando que el manejo público del caso podría generar un ambiente adverso para los medios de comunicación.
