México, 29 enero; poderycritica.-El gobierno federal ofreció una disculpa pública a los familiares de tres menores indígenas tzotziles, a quienes les explotó una granada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en hechos ocurridos en septiembre del año 2000 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
La disculpa es para Cristina Reyna Cruz López, madre de Ángel Díaz Cruz, el menor muerto por la explosión; y los sobrevivientes Leonardo y Ricardo López Hernández, y a sus padres José López y Celia Hernández.
“En mi calidad de representante del Estado Mexicano, les extiendo una disculpa por las violaciones a derechos humanos que fueron objeto con motivo de la explosión de un artefacto propiedad del Estado mexicano y en uso de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Durante el acto, el subsecretario firmó un acuerdo que establece medidas para la reparación del daño, entre las que destacan la rehabilitación de los sobrevivientes, una compensación económica, prestación de servicio de salud, becas y la garantía de no repetición de los hechos.
“El caso tiene su origen en la falta de cuidado de autoridades del Estado Mexicano que tenían la responsabilidad de resguardar y custodiar adecuadamente y bajo los más altos estándares de seguridad artefactos como las granadas”, aseveró.
Señaló que, luego de esos hechos, el gobierno federal ha fortalecido el resguardo y delimitación de zonas en los que se realizan actividades de práctica y almacenamiento de artefactos riesgosos para la población.
Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2000, cuando los tres menores hallaron la granada en los terrenos del cuartel de la 31 zona militar de Rancho Nuevo, se la intentaron llevar a su casa, pero se les cayó y explotó.
Ángel Díaz Cruz murió en el hospital de Tuxtla Gutiérrez, mientras que los otros dos menores permanecieron alrededor de tres meses en el hospital.
Al evento asistieron el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.
