PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | De acuerdo con Grupo Pirámide, el Congreso del Estado de Quintana Roo fue orquestada una estrategia legaloide para imponer, a la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, Judith Rodríguez Villanueva.
Para ello, los diputados habían reescrito y aprobado modificaciones a la Ley de Derechos Humanos para permitir la postulación de una propia compañera de curul.
Lo llamativo del caso es que las responsables de las modificaciones fueron la actual alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Ricalde y la propia Rodríguez Villanueva.
Incluso, llegaron a la fase de entrevistas y, como los mismos diputados votan por quien será el nuevo/a titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo parecía un trámite.
A partir de ahí, fueron varios los organismos y asociaciones los que se movilizaron para impedir este abierto “conflicto de intereses”, al ser los representantes “jueces y parte” del proceso de designación.
Uno de los varios amparos dio frutos y esta semana el juzgado Sexto de Distrito ratificó la decisión justificada en la “inseguridad jurídica al resto de los particulares”.
Le fue otorgada una ratificación del amparo a la asociación civil al grupo Maya sin fronteras.
Ahora, el Congreso deberá reponer el proceso, de acuerdo al marco legal, es decir, haciendo lugar a las propuestas de la ciudadanía, de los grupos con trayectoria en Derechos Humanos, velando siempre por la autonomía del organismo descentralizado, que debería ser encabezado por una persona de la sociedad civil, dado que de acuerdo con diversos organismos, como Artículo 19, son los mismo funcionarios y representantes los responsables de cientos de amenazas a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
