Poder y Crítica | Redacción | Un juez federal negó esta madrugada a Jesús Murillo Karam concederle el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud, en el proceso que tiene en curso por delitos presuntamente cometidos durante la investigación del Caso Iguala.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, rechazó modificarle la medida cautelar, argumentando que la salud no fue una de las razones que él consideró para imponerle la prisión preventiva justificada.
También resolvió que el ex Procurador General de la República permanecerá en la Torre Médica del Penal de Tepepan, para recibir tratamientos médicos especializados, hasta que su condición clínica se restablezca por completo.
“Lo objetivo es que el señor justiciable requiere de atención y observación médica y que ésta se le está dando y que para ello no es el mejor sitio su domicilio”, dijo Fuerte Tapia.
Agregó que en cuanto se recupere, tanto los galenos tratantes como la Fiscalía General de la República deberán entregar sus respectivos informes para establecer si debe continuar internado en un nosocomio o regresar a su celda del Reclusorio Norte.
Adicionalmente, amplió por tres meses el plazo de la investigación complementaria del proceso, motivo por el que la defensa y la Fiscalía General de la República tendrán hasta el próximo 24 de febrero para recabar sus respectivos datos de prueba.
Los resolutivos fueron dictados en una audiencia que estaba agendada ayer a las 18:00 horas, pero que inició hasta las 19:34 y concluyó a las 01:05 horas de este viernes.
Murillo Karam compareció por videoconferencia desde el Penal de Tepepan, en Xochimilco, donde se encuentra recluido desde el miércoles pasado para continuar con sus tratamientos clínicos.
Apareció a cuadro con una chamarra de pluma de ganso color caqui y una sonda de oxígeno en la nariz. Sólo habló una vez, cuando el juez le preguntó si tenía inconveniente en que se le mencionara por su nombre o por sus iniciales JMK.
“Mis abogados creen que sí (debe reservarse), a mí realmente no me preocupa”, dijo.
Casi enseguida el hidalguense no pudo contener la risa porque su abogado Javier López lo refirió por su nombre y de inmediato corrigió: “perdón, JMK”.
La solicitud
La defensa del ex funcionario, encabezada por Elvia Marina Vázquez Mendoza y Javier López García, pidieron en principio la libertad provisional con brazalete electrónico y la entrega del pasaporte, como medidas sustitutivas de la prisión preventiva justificada.
Puntualizaron que, en caso de no ser aceptada su pretensión, le permitieran al ex titular de la PGR llevar su proceso en prisión domiciliaria, porque en su casa tendría todas las atenciones médicas, además de que su traslado a un hospital sería en menos de las dos horas que tarda una ambulancia en llevarlo desde el Reclusorio.
Basaron su petición en dos puntos: que el estado de salud de Murillo hacía inviable cualquier posibilidad de fuga y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado sus cuentas bancarias, lo que restringía aún más su movilidad.
Los abogados acompañaron su solicitud con varios oficios, dictámenes periciales y notas médicas de diversos hospitales y los servicios médicos penitenciarios.
Los documentos indican que en 11 ocasiones fue atendido en el Reclusorio, una de ellas por una crisis hipertensiva; que en 6 fue excarcelado para trasladarlo a una clínica y que en una de esas fue operado de las carótidas. También, que su edad biológica es de más de 80 años, aunque tiene 74.
Para rebatir, la FGR presentó 7 documentos, algunos de ellos peritajes y opiniones de una forense de la propia Fiscalía, que concluyen que la cirugía que le practicaron al ex funcionario era innecesaria, aunque -en forma contradictoria- reconoce que la operación fue un éxito y que mejoró significativamente su estado de salud, que ahora es “estable sin sintomatologías”.
“El estado de salud es mejor que el que tenía el 24 de agosto, cuando se le impuso la prisión preventiva justificada Alguien que dice ‘que me evalúe un urólogo’ ¡claro que está consciente y en pleno dominio! Quiere la libertad con peritajes a modo y uno de ellos de oídas”, dijo la fiscal Lidia Bustamante Vargas, en relación a que una de las valoraciones médicas del imputado se hizo sobre sus documentos clínicos y no por una exploración directa.
Gonzalo Cartas, el otro fiscal, también reviró a la defensa y dijo que las acciones de la UIF, lejos de favorecer a la causa de Murillo, le afecta.
Lo dijo porque la tarjeta informativa que difundió ese organismo a la prensa, el 15 de noviembre, se menciona que el ex Procurador recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero e hizo transferencias fuera del País por 26.5 millones, lo que confirma la suposición de que tiene recursos en el exterior que podrían financiar su fuga.
El veredicto
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia dijo que cuando el pasado 20 de agosto le impuso la prisión preventiva justificada a Murillo, lo hizo con base en la trascendencia de la investigación en la que está implicado y en el perfil del imputado, no en su estado de salud.
Los dos aspectos que tomó en cuenta incluyen los múltiples cargos de primer nivel que desempeñó como servidor público, una red de apoyo, sus varios domicilios -uno de ellos había estado oculto-, sus ingresos y tener el pasaporte vigente.
También, la gravedad y las características de violencia de los delitos, el riesgo de que pudiera influir en peritos y agentes que fueron sus subordinados en la PGR, trastocando la investigación e impidiendo el conocimiento de la verdad de los hechos.
Implícitamente refirió que para modificar la medida cautelar, antes debía demostrarse que esas condiciones ya enumeradas habían cambiado.
“Como yo no sostuve en momento alguno que la prisión preventiva justificada iba a descansar en la cuestión de la salud, las condiciones (que la justificaron) no han cambiado. No estoy reiterando la medida cautelar, esas son las condiciones que debieran haber cambiado”, dijo Fuerte Tapia.
