PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En el marco del proceso de fortalecimiento al marco jurídico en materia forestal del Estado de Quintana Roo, Política y Legislación Ambiental – POLEA, con apoyo de GIZ, presentó ante la secretaria de Ecología y Medio Ambiente Huguette Hernández y autoridades ambientales los resultados obtenidos, así como los puntos más relevantes del anteproyecto de la Ley Forestal para la Entidad.
El objeto de esta Ley es garantizar la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible de los ecosistemas forestales. Quintana Roo posee el 83% de ecosistemas forestales con alta diversidad biológica y es uno de los más importantes en todo el país. La Ley tiene un enfoque peninsular que incluye a Yucatán y Campeche, armonizada con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable recientemente actualizada.
Incorpora tratados internacionales como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030, entre otros. Reconoce la vinculación de la política forestal con la política en materia de cambio climático. Distribuye de manera ordenada las atribuciones en la materia. Promueve la colaboración regional por medio de la Estrategia Regional Peninsular. Contempla instrumentos económicos para el fomento del desarrollo forestal sustentable (incentivos económicos, mercado de bonos de carbono).
Busca fortalecer los mecanismos de inspección y vigilancia. Establece estrategias para romper las barreras del lenguaje. Fomenta el acceso a la información y la participación ciudadana, así como el acceso a la justicia ambiental en la materia.
Integra una perspectiva de género que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la gestión, conservación, explotación y aprovechamiento de los ecosistemas forestales. También integra la estrategia de combate contra incendios, política pública que se está implementando actualmente.
La iniciativa de Ley es el resultado de un proceso que se sostuvo durante varios meses con el Consejo Estatal Forestal en el que participaron comunidades forestales, academia, sociedad civil y el sector privado.
