Fonatur asegura que existe confianza por parte del gobierno federal en revertir los amparos, pues próximamente se aprobará la MIA del trazo referido, la cual será presentada ante los juzgados para que ya no estén paralizados los trabajos de construcción.
PODER Y CRÍTICA | El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, aplazó hasta el 28 de julio la audiencia constitucional que resolverá de fondo si otorga el amparo a la causa ambientalista que exige la cancelación del Tramo 5 sur del Tren Maya.
Lo anterior implica que las obras del tren deberían mantenerse paralizadas hasta esa fecha, pues desde el pasado 18 de mayo está vigente la suspensión definitiva de los trabajos, derivado del amparo 884/2022 promovido por buzos-espeleólogos de Playa del Carmen.
Sin embargo, el 1 de julio próximo está prevista una audiencia incidental que resolverá la impugnación promovida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contra dicha suspensión definitiva.
En entrevista previa, el vocero de Fonatur, Fernando Vázquez Rosas, aseguró que existe confianza por parte del gobierno federal en revertir los amparos, pues está muy próxima a aprobarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5, la cual será presentada ante los juzgados para que ya no esté paralizada las obras.
El amparo 884/2022 controvierte el hecho de que el desmonte de selva para el Tramo 5 sur, al poniente de Playa el Carmen, inició antes de que Fonatur contase con la autorización de impacto ambiental, que es un requisito para iniciar este tipo de obras en terrenos forestales, según lo marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa).
Ante ello, Vázquez Rosas dijo que “el Tren Maya está avalado por una autorización provisional otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como por el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que hace de éste y otros proyectos federales, como la refinería Dos Bocas, obras de interés público y seguridad nacional, que les permite iniciar obras de manera anticipada antes de tramitar la autorización de impacto ambiental”.
Antecedente
Antonella Vázquez, representante de la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó que hay al menos otros tres amparos con suspensiones provisionales que controvierten el proceso de evaluación ambiental del Tramo 5 sur, porque éste se inició meses después de que el desmonte de selva se echara a andar para abrir paso a la vía férrea.
También controvierten el acuerdo de noviembre del 2021 por el que el que se declara de utilidad pública y seguridad nacional los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal, incluido el Tren Maya, pues dicho acuerdo exime a esos proyectos de someterse a una evaluación ambiental tal como lo marca la Legeepa.
“Lo que le dice el juez a Fonatur con el fallo en el que otorga la suspensión definitiva de las obras (amparo 884/2022) es que aunque están presentando una autorización provisional, la ley marca que deben someterse a un procedimiento de evaluación ambiental antes de que iniciar cualquier tipo de obra o desmonte de vegetación”, expuso.
“El juez está siento muy congruente con la suspensión provisional que ya había otorgado, reconociendo el interés legítimo de los buzos que alegan su derecho a un medio ambiente sano”, añadió la activista, quien también encabezó hace cuatro años los amparos que cancelaron Malecón Tajamar.
