La dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó formalmente a su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) la apertura de un procedimiento sancionador ordinario en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. El recurso promovido por la cúpula partidista busca evaluar e implementar la suspensión inmediata de sus derechos partidarios, derivado de las graves acusaciones y carpetas de investigación que enfrenta por la presunta simulación de un secuestro.
La solicitud de intervención fue promovida de forma directa por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, quien instó al órgano jurisdiccional interno a dictar medidas cautelares urgentes para separar temporalmente a la edil de cualquier actividad o representación de las siglas del partido en tanto las autoridades ministeriales deslindan responsabilidades penales.
Violación a los estatutos éticos del movimiento
Tras el análisis preliminar de los hechos ventilados públicamente, la CNHJ de Morena acordó dar entrada formal al expediente de queja. El tribunal interno consideró que las conductas atribuidas a la funcionaria mexiquense vulneran los estatutos fundacionales del instituto político:
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Afectación a la doctrina: Se determinó que los señalamientos de simulación de un delito de alto impacto social contravienen los principios éticos del movimiento y los estatutos que obligan a sus gobernantes a actuar bajo los criterios de honestidad y legalidad.
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Procedimiento técnico: La dirigencia nacional enfatizó que la apertura de este proceso disciplinario se conducirá bajo los principios rectores de presunción de inocencia y el debido proceso legal, otorgándole a la alcaldesa el derecho de audiencia para presentar sus alegatos de defensa y pruebas de descargo.
De determinarse la procedencia de la falta por parte de la CNHJ, la presidenta municipal de Tenancingo perdería de forma definitiva su militancia y el respaldo de la estructura de la llamada Cuarta Transformación, un escenario que corre de forma paralela a las indagatorias que las agencias de procuración de justicia del fuero común mantienen abiertas en torno a la veracidad de la privación de la libertad que reportó la funcionaria.
