La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abierta una carpeta de investigación contra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, conocido como Grupo MAS, luego de la denuncia formal presentada por el Ayuntamiento de Veracruz. Así lo informó este martes 27 de octubre la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien precisó que se continúan realizando los actos de investigación para esclarecer los hechos y reunir los elementos necesarios para determinar lo que conforme a derecho proceda.
De acuerdo con lo informado por la fiscal, el procedimiento se desarrolla con apego al debido proceso y con respeto a los derechos de todas las partes involucradas, mientras se integran las diligencias ministeriales que permitirán establecer si existen elementos para ejercer acción penal. Hasta el momento la Fiscalía no ha detallado públicamente los hechos específicos señalados en la denuncia ni ha emitido determinaciones derivadas de la carpeta.
La denuncia fue presentada el pasado 19 de octubre por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo contra Grupo MAS y la empresa ACCIONA. Según lo expuesto por el municipio, la querella es por presuntas operaciones financieras irregulares entre empresas relacionadas, fraude en grado de tentativa por cobros no fundamentados por más de 2 mil 660 millones de pesos que se pretenden trasladar a los usuarios, y por el desvío de recursos mediante el pago de sueldos a directivos por encima de los límites constitucionales, incluso superiores a los de la presidenta de la República, la gobernadora y la alcaldesa.
Ante estas presuntas irregularidades, el Ayuntamiento solicitó además que la Fiscalía requiera la intervención del Servicio de Administración Tributaria para analizar un posible esquema de defraudación fiscal derivado del manejo financiero de la concesión mixta en la que participan los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, concesionada desde 2015.
La autoridad ministerial reiteró que la investigación continúa abierta y serán las diligencias en curso las que definan si existen responsabilidades penales contra los administradores de la empresa concesionaria del agua potable y saneamiento en la zona conurbada.
