Playa del Carmen, Q. Roo, 17 agosto, poder&crítica.- La Fiscalía General del Estado combate y no descuidará ningún litigio de amparo entablado por quienes están incluidos en sus carpetas de investigación, lo que incluye a Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno con Roberto Borge Angulo, acusado del millonario desvío realizado desde la empresa contratista de aviones VIP Saesa.
Así lo aseveró el fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, entrevistado durante su participación en el programa de audiencias públicas “Platícale al Gobernador”, realizado en esta ciudad.
“Con el nuevo sistema penal, además de estar integrando carpetas de investigación y solicitando órdenes de aprehensión, también tenemos que estar litigando amparos”, explicó al ser cuestionado sobre la suspensión provisional obtenida por el también exedil de Solidaridad, rechazando que hubiese sido concedida vía “fast track”.
“Son procedimientos que debemos seguir y que todavía no están resueltos de fondo”, afirmó. “Podemos afirmar que no hemos descuidado un solo amparo”
Cuestionado sobre la no-gravedad del delito del que se le acusa a Mendicuti Loría y al resto de los exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, el fiscal explicó, con un poco de fastidio, que aunque la ley ya no marca una prisión preventiva oficiosa para estos casos, existen ahora medidas cautelares que puede solicitar la Fiscalía y que incluyen una prisión preventiva justificada.
Al abundar sobre el nuevo sistema de justicia, admitió que los ocho años otorgados para su implementación fueron insuficientes, pues abundan las deficiencias en la capacitación de todos los actores involucrados; sin embargo, “también hay situaciones de éxito que nos hemos cansado de decir: hemos obtenido sentencias, incluso una contra un exagente ministerial involucrado en un delito con una caja fuerte. Lo que antes obteníamos en cinco o seis años ahora se define mucho más deprisa, si se sabe usar el sistema”.
Lamentó que una parte crucial sea la denuncia por parte del agraviado, que no siempre se da, pues si no se conocen las circunstancias del delito a fondo, no se cuentan con los elementos para obtener una orden de aprehensión y mucho menos lograr una condena.
“Somos respetuosos, a nadie se le obliga a denunciar o ser testigo. No tendría caso presionar a un testigo y luego no ubicarlo”, afirmó.
