La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra 26 funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su presunta responsabilidad en la destrucción de patrimonio arqueológico.
De acuerdo con la FGR, los servidores públicos habrían autorizado, omitido o ejecutado obras que dañaron vestigios y zonas protegidas, en violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
La investigación deriva de denuncias presentadas por especialistas, colectivos y comunidades, quienes reportaron afectaciones en sitios arqueológicos durante trabajos de infraestructura y desarrollo. Entre las irregularidades señaladas están la falta de dictámenes técnicos, la omisión de salvamentos arqueológicos y el uso de maquinaria pesada en áreas delimitadas.
La Fiscalía indicó que se analizan bitácoras de obra, permisos emitidos, actas de supervisión y testimonios para determinar el grado de participación de cada funcionario. Los delitos que se investigan incluyen daño a monumentos arqueológicos, abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.
Hasta el momento no se ha informado si existen órdenes de aprehensión o si los implicados ya fueron separados de sus cargos. La FGR precisó que el caso se encuentra en etapa de integración y que solicitará la colaboración del INAH para acceder a expedientes y archivos técnicos.
El INAH no ha emitido una postura oficial sobre el proceso. En comunicados previos, el instituto ha señalado que cualquier intervención en zonas arqueológicas debe contar con autorización y supervisión especializada para evitar daños irreversibles.
La Ley Federal contempla penas de 3 a 10 años de prisión y multas para quien dañe o destruya monumentos arqueológicos. Si el responsable es servidor público, la sanción puede aumentar.
La FGR añadió que continuará con los peritajes en campo y que informará los avances conforme lo permita el debido proceso.
