La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, reveló detalles sobre el esquema de contrabando marítimo y distribución ilegal de hidrocarburos operado por la red criminal conocida como “Los Primos”, presuntamente vinculada al exmarino Fernando Farías Laguna.
Las indagatorias encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) exponen una estructura que evadía el pago de impuestos mediante la falsificación de pedimentos y el contubernio con autoridades aduanales en distintos puertos del país.
Mecánica del contrabando y fraude fiscal
De acuerdo con el informe de la FGR, la red delictiva operaba bajo un patrón sistemático de simulación y dispersión comercial:
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Falsificación de manifiestos: Buques tanque ingresaban por los puertos de Tampico y Ensenada declarando el cargamento como aceites o aditivos para exentar el pago de impuestos de importación (como el IEPS).
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Complicidad aduanal: Agentes fronterizos y servidores públicos facilitaban el desembarco, alteraban los volúmenes reportados y manipulaban las muestras tomadas al producto.
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Red de distribución legal: El combustible ingresado ilegalmente era transportado mediante empresas constituidas formalmente para ser comercializado en estaciones de servicio en diversos estados.
Golpes operativos y afectación patrimonial
El desglose de las acciones periciales y judiciales ejecutadas por las autoridades federales arroja los siguientes resultados:
| Criterio | Detalle / Cifra |
| Afectación estimada | Superior a los 340 millones de pesos. |
| Aseguramientos clave |
* Buque en Altamira (marzo de 2025) con 8 millones de litros. * Buque en Ensenada con volumen similar. * 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. |
| Personas procesadas | 16 detenidos (incluyendo a Fernando Farías y 12 exservidores públicos). |
| Entidades involucradas | Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora, Sinaloa y Ciudad de México. |
Proceso judicial en curso
La tarde del jueves inició la audiencia inicial de Fernando Farías Laguna ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia se desarrolló a puerta cerrada mediante videoconferencia.
La FGR adelantó que cuenta con elementos de prueba para solicitar nuevas órdenes de aprehensión dirigidas a socios, accionistas y apoderados legales de las empresas implicadas en la distribución del combustible ilegal.
