PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Fiscalía General de la República (FGR) marcó una postura contundente respecto a la situación legal del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, confirmó que, hasta el momento, las investigaciones no han logrado reunir elementos probatorios que vinculen al mandatario estatal con grupos del crimen organizado.
Investigación exhaustiva, pero sin pruebas concluyentes
Acompañado por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, el funcionario federal subrayó que la indagatoria ha sido profunda y exhaustiva, siguiendo los protocolos de rigor para casos de alta complejidad. Sin embargo, precisó que, tras analizar los elementos recabados, no se ha alcanzado el estándar probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para proceder legalmente.
«No ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano», sentenció Boone de la Garza.
El alcance de las diligencias
El Ministerio Público Federal ha desplegado una serie de acciones para deslindar responsabilidades, no solo respecto a Rocha Moya, sino también sobre otros personajes señalados en las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como el senador Enrique Inzunza Cázares.
Entre las medidas tomadas destacan:
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Entrevistas clave: Se ha citado y entrevistado a los diez funcionarios públicos requeridos por las autoridades estadounidenses.
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Recolección de información: Se han integrado reportes e informes ministeriales para robustecer la carpeta de investigación.
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Fiscalía de casos complejos: El funcionario aseguró que existe una convicción absoluta por parte de los fiscales a cargo —tanto el fiscal en jefe como el fiscal especial— de agotar todas las líneas de investigación disponibles.
Contexto político
Este posicionamiento de la FGR se da en un momento de alta tensión política, luego de que diversos señalamientos internacionales pusieran bajo la lupa a integrantes de la administración sinaloense. Pese a la exhaustividad de los trabajos ministeriales, la Fiscalía se mantiene firme en que, por ahora, las evidencias no permiten sostener una acusación formal ante los tribunales mexicanos.
La FGR reiteró que el proceso continúa su curso bajo una lógica de transparencia y apego estricto al debido proceso, dejando claro que cualquier avance en la investigación dependerá de la obtención de pruebas que cumplan con los requerimientos legales vigentes.
