La Federación alista un plan sin precedentes para proteger el subsuelo de la Península de Yucatán mediante la declaratoria del Gran Acuífero Maya como Área Natural Protegida (ANP), con el objetivo de resguardar las cuencas y los ríos subterráneos de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, informó el pasado 9 de octubre que la propuesta técnica registra un avance del 80 por ciento en la elaboración de su Estudio Previo Justificativo y contempla proteger alrededor de 2.5 millones de hectáreas subterráneas.
«Es una propuesta no fácil, porque estamos reservando subsuelo, cuencas y ríos subterráneos y tenemos que buscar cómo va a ser el equilibrio con lo de arriba», señaló Álvarez Icaza, al explicar que se trata de la primera ANP en México enfocada directamente en el subsuelo, y no en la superficie.
El proyecto busca salvaguardar el sistema hídrico kárstico más importante del país, compuesto por cenotes, grutas, ríos subterráneos y el anillo de cenotes, que provee agua a más de 5 millones de habitantes y sostiene la actividad turística de la región, pero cuya naturaleza lo hace extremadamente vulnerable a la contaminación por granjas porcícolas, desarrollo inmobiliario, falta de tratamiento de aguas residuales y obras de infraestructura como el Tren Maya.
Una vez concluido el estudio técnico, la Conanp lo someterá a dictamen y lo publicará para iniciar una consulta pública antes de que finalice 2026, con la intención de emitir el decreto de protección en 2027. Durante esa etapa, la ciudadanía, ejidos, comunidades mayas, empresas y autoridades locales podrán emitir opiniones sobre los mecanismos de manejo.
El funcionario aclaró que el avance reportado es técnico y no implica aún la aprobación del ANP. El reto central será definir cómo compatibilizar la conservación del subsuelo con las actividades que se realizan en superficie: agricultura, turismo, urbanización y proyectos estratégicos, estableciendo mayores obligaciones para la extracción de agua y descarga de aguas residuales.
La iniciativa surge de propuestas ciudadanas impulsadas desde 2020 por colectivos como Cenotes Urbanos y Grupo de Ciencias Ciudadanas, tras las afectaciones asociadas al Tren Maya, y se suma al proyecto estatal Herencia Maya anunciado por el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, que busca asegurar financiamiento para más de 580 mil hectáreas protegidas en Yucatán.
