PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares, organizaciones y estudiantes se manifestaron este miércoles frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir la extradición de dos de los señalados como responsables en el caso: Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, refugiado en Israel; y Ulises Bernabé, exjuez de barandilla de Iguala, ubicado en Estados Unidos.
De acuerdo con los colectivos, los trámites de extradición llevan años “atorados”, sin avances concretos. “La información que han recibido las familias es que están en trámite, pero no se concretan. Mientras tanto, quienes tuvieron responsabilidad siguen libres”, declaró el abogado y portavoz Isidoro Vicario.
La movilización comenzó en el antimonumento dedicado a los normalistas, sobre Paseo de la Reforma, y reunió a unas 2,000 personas provenientes en su mayoría de Guerrero. Con pancartas y consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, marcharon hasta la sede de la cancillería.
Durante el mitin, padres de los desaparecidos acusaron a los últimos dos gobiernos de “proteger a sus propios delincuentes” y no dar respuestas claras. “Once años llevamos exigiendo justicia y lo único que hacen es mandar cartas o dar largas”, reprochó Mario González, padre de uno de los estudiantes.
En la protesta también se realizaron pintas en la fachada del edificio con imágenes del expresidente Enrique Peña Nieto, del exfiscal de Guerrero Genaro Vázquez Osorio y de Jesús Murillo Karam, exprocurador que presentó la llamada “verdad histórica”.
Los manifestantes demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que dé pasos firmes para lograr las extradiciones y esclarecer el caso. “Si tiene un poco de respeto por los estudiantes y por los padres, debe decir la verdad y ayudarnos a que esto no quede en el olvido”, señalaron los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos.
La desaparición de los 43 ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los jóvenes fueron privados de la libertad en un operativo en el que participaron policías municipales, delincuentes y fuerzas federales, en lo que organismos nacionales e internacionales han señalado como un crimen de Estado.
