El diputado local del Partido Verde Ecologista, Gustavo Miranda García, hace uso de sus influencias como legislador para no perder propiedades de su familia que a su vez se convertirían en su herencia.
Para ello, bajo la investidura legislativa ha buscado a socios y amigos para impedir que su madre pierda propiedades y un ejemplo de ello es un departamento de lujo en la torre Maioris.
En alianza con su amigo, el regidor Pablo Bustamante, con la ayuda de un tercero han fabricado juicios laborales en contra de Erika Luz García Deister, madre del diputado, para evitar que bancos, que reclaman el pago de créditos, embarguen departamentos de lujo que estaban dados en garantía.
El caso se hizo público gracias a una denuncia penal presentada por el Banco Sabadell ante la Fiscalía General de Quintana Roo en contra de Erika García, Pablo Bustamante y la presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Nelly Adriana Lizama Uc, por el presunto “movimiento fraudulento” para evadir una millonaria deuda.
De acuerdo con la denuncia, Erika Luz García Deister, empresaria cancunense, socia de compañías como Yucatán Holidays, Blue Strawberry Resorts y LLC VP Marketing Sunset World, solicitó un crédito por 833 mil dólares a un banco, cuya cartera fue adquirida por Banco de Sabadell, teniendo como garantía un departamento de lujo en la torre Maioris, al interior del residencial Puerto Cancún.
Cuando el banco de capital español quiso recuperar el monto actual del préstamo, por 15 millones de pesos, a través de un juicio hipotecario especial en la Ciudad de México, se encontró con que el departamento ya no pertenecía a la empresaria, pues lo perdió en un juicio laboral interpuesto por cuatro ex trabajadores vendedores de tiempos compartidos, uno de ellos, el regidor Pablo Bustamante.
