Washington, 13 Ago @Notimex #poderycritica .- Más de dos mil inmigrantes con antecedentes criminales fueron liberados en 2013 por razones económicas y sin que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Casa Blanca fueran informados de esa situación, se reveló hoy.
Un reporte difundido por la Oficina del Inspector General del DHS sugirió, empero, que la liberación de esos indocumentados, quienes enfrentaban órdenes de deportación, no presentó riesgos para la seguridad pública debido a que eran personas de baja peligrosidad.
El informe concluyó que esta acción resultó de una mala planeación de parte de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) frente a los recortes presupuestales automáticos que entraron en vigor en septiembre del 2013, tras el fracaso de las negociaciones para adoptar un nuevo presupuesto.
Bajo el presupuesto autorizado, el ICE estaba obligado a mantener un máximo de 34 mil camas ocupadas en sus centros de detención, pero sin embargo los fondos de emergencia aprobados por el Congreso frente a esta contingencia sólo permitieron cubrir la manutención de 31 mil 300.
Esta situación se vio complicada además por el aumento de 66 por ciento que registraron las detenciones de indocumentados tan sólo en la frontera de Texas con México entre el año fiscal 2011 y 2012, muchos de los cuales fueron enviados a estos centros de detención.
La liberación de dos mil 226 inmigrantes entre febrero y marzo de ese año fue reportada inicialmente por la prensa y rechazada durante días por las autoridades federales, hasta que el entonces director del ICE la confirmó ante legisladores durante una audiencia.
Esta discrepancia fue explicada por el reporte, al indicar que antes de conducir estas liberaciones, directivos del ICE “no informaron a funcionarios de alto nivel del Departamento de Seguridad Interna o la oficina del presidente sobre los problemas de presupuesto”.
El reporte pareció exonerar con ello tanto al DHS como a la Casa Blanca de esta acción, la cual dio argumentos a los críticos de la administración, quienes han insistido desde entonces que obedeció a razones puramente políticas.
La investigación del inspector general encontró que esas liberaciones fueron llevadas a cabo utilizando criterios basados en la peligrosidad que pudieran presentar cada uno de estos indocumentados, proceso que calificó de “apropiado”.
