Madrid, 8 de Octubre;poderycritica. (Notimex).- La Fiscalía de Madrid abrió un proceso para investigar las circunstancias por las que se contagió del virus del Ébola la auxiliar de Enfermería que atendió a los religiosos Miguel Pajares y Manuel García Viejo, quienes murieron a causa de este mal.
Fuentes de la Fiscalía apuntaron que fueron solicitados datos al Ministerio de Sanidad, así como al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, donde la auxiliar de Enfermería, Teresa Romero Ramos, fue atendida en un inicio, así como al Hospital Carlos III, donde recibe tratamiento.
Romero Ramos, de 44 años, es el primer caso de ébola que se registra fuera de África y pudo adquirir la enfermedad al tocarse la cara cuando se retiraba el traje protector, después de atender al religioso García Viejo.
El especialista en Medicina Interna del Hospital de La Paz, Germán Ramírez, definió la situación como un descuido.
En una entrevista vía telefónica desde el hospital con la televisora Cuatro, Romero Ramos informó que se enteró por la prensa de su contagio y no por el personal sanitario que la estaba atendiendo en urgencias del Hospital de Alcorcón, ubicado en Madrid.
“Nadie me lo dijo. Lo intuía, pero me entere por el móvil. Lo sospeché porque la última vez entraron con un buzo blanco, pregunte al médico por mi resultado y no habló claro. Vi el móvil y vi que había dado dos positivos por ébola. No te dicen a la cara: oye Teresa tienes ébola”, lamentó.
El esposo de Romero Ramos, Javier Limón, también permanece internado en el mismo centro hospitalario para descartar su posible contagio.
Otras cuatro personas, tres de ellas trabajadores del sector salud y un ingeniero español que llegó desde Nigeria, permanecen bajo observación médica.
Por otra parte, unos 30 agentes de la Policía Nacional y la Policía de Alcorcón desalojaron a medio centenar de personas que estaban afuera del domicilio de Romero Ramos para tratar de impedir que fuera trasladado Excalibur, al perro de la pareja, para ser sacrificado.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decretó el miércoles, mediante una orden judicial, sacrificar al perro para evitar el riesgo de contagio.
