PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En un acto que desnuda la hipocresía total del discurso oficial de “primero las mujeres”, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, ubicada en la Supermanzana 94, sobre la Avenida Miguel Hidalgo (Ruta 5), dentro del Centro de Justicia para las Mujeres, **se negó rotundamente a recibir una denuncia formal** presentada por el Lic. Carlos Alejandro Dávila Rodríguez , Coordinador General de Quintana Roo y el Sureste del Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP).
La denuncia, que este medio tuvo acceso completo, acusa de **violencia institucional, psicológica y política de género** a la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, y a un grupo de funcionarios municipales (Abraham Masegosa Raña, Rodrigo Andrés Ruiz Álvarez, Pedro Gutiérrez Varela, Santos Julián Medina Cab y otros ejecutores materiales). Los hechos ocurrieron el **31 de marzo de 2026**, apenas días después de que el sindicato notificara al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo (Incidente de Suspensión 336/2026 derivado del Juicio de Amparo 336/2025).
Coincidencia sospechosa, ¿verdad?
Las 7 trabajadoras sindicalizadas fueron víctimas de un **operativo criminal de terror**: encerradas con llave en oficinas, incomunicadas, despojadas de sus celulares (en un caso literalmente arrebatado por una funcionaria), amenazadas con dejar sin salario a sus familias, con hambre para sus hijos menores y sin atención médica para padres ancianos y cirugías pendientes. Todo para obligarlas a firmar renuncias preelaboradas y desarticular la disidencia sindical. Se usó perspectiva de género agravada: el ataque se centró en su rol de madres y cuidadoras.
**La Fiscalía de la Mujer, la que supuestamente protege a las víctimas de violencia de género, les cerró la puerta en la cara.**
Según testigos presenciales y las fotografías que publicamos, el propio Lic. Dávila Rodríguez se presentó con la denuncia debidamente fundada y motivada, con copias del acuerdo judicial federal, acuses sindicales y narrativas individuales de las víctimas. La respuesta de las autoridades: “no corresponde, es para Playa del Carmen”. Pero cuando se les confrontó con los artículos constitucionales que **obligan a todo servidor público a recibir cualquier documento fundado y motivado**, terminaron admitiendo la verdad: **fueron instrucciones de arriba**.
Mírenlo con sus propios ojos:
En las imágenes se ve claramente al representante sindical en el lobby de la Fiscalía, frente al letrero de “FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO – ARCHIVO”, con los documentos en mano, y a la funcionaria de recepción recibiendo presión mientras otro funcionario observa. No hay confusión: **se negaron a integrar la carpeta de investigación con perspectiva de género, a dictar medidas de protección (Código Violeta) y a aplicar el Protocolo de Estambul**.
Esto no es un error administrativo. Es **colusión descarada**. Los mismos funcionarios municipales que ordenaron el operativo de terror el 31 de marzo ahora parecen contar con protección desde las más altas esferas estatales. La Gobernadora Mara Lezama Espinosa, que no se cansa de repetir “primero las mujeres” en cada discurso rumbo al 2027, tiene ahora un bochorno mayúsculo: **ni siquiera su propia Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer tiene permiso de defender a mujeres violentadas por el poder**.
¿Está perdiendo gobernabilidad la Gobernadora o simplemente su discurso es tan vacío y hueco como un tambor político? Porque si la institución creada precisamente para atender violencia de género **no puede ni recibir una denuncia fundada**, ¿entonces quién demonios va a proteger a las mujeres?
Solo por ser funcionarios públicos, su obligación era recibir el documento. Punto. No hay excusa jurisdiccional que valga cuando se trata de delitos de tracto sucesivo como tortura psicológica, privación ilegal de la libertad y violencia política de género.
La pregunta incómoda que nadie en el poder quiere responder es:
**¿A qué mujeres se les respeta y quién las respeta?**
Porque está claro que no son estas siete trabajadoras sindicalizadas de Puerto Morelos. Y tampoco son las miles que esperan justicia real, no discursos bonitos para la foto.
El SNSP ya copió la denuncia a la FGR, SEGOB, CNDH, Congreso del Estado, CEDHQROO, OIT y CIDH. La pelota está en la cancha de las autoridades estatales. Pero después de este bochornoso rechazo, la sociedad ya sabe la verdad: en Quintana Roo, cuando se trata de defender a las mujeres contra el poder, **la Fiscalía de la Mujer brilla por su ausencia… por órdenes de arriba**.
¿Hasta cuándo?
