PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En lo que ya es calificado como un acto de *terrorismo sindical y delincuencia organizada desde el propio Palacio Municipal, la Presidenta Municipal Blanca Merari Tziu Muñoz y su operador Masegosa Raña ordenaron esta tarde el **secuestro temporal* de trabajadores que buscaban afiliarse al Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP).
Los empleados fueron retenidos contra su voluntad, incomunicados y sometidos a *40 minutos de interrogatorios y hostigamiento psicológico* con el único objetivo de obligarlos a entregar listas completas de agremiados al SNSP. Una vez extraída la información, los liberaron… solo para despedirlos de forma inmediata y burlona, argumentando una supuesta “reestructuración presupuestal”.
Todo ocurrió *exactamente una hora y media después* de que el SNSP presentara un oficio urgente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo solicitando medidas cautelares de protección contra la ola de persecución.
El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNSP, licenciado Carlos Alejandro Dávila Vázquez, denunció en el documento sellado por el Tribunal un “clima de hostigamiento, persecución y *violencia institucional*” orquestado desde el Ayuntamiento y el sindicato oficial para frenar la afiliación libre.
Los ocho trabajadores víctimas de este operativo de *represión mafiosa* son:
– Henry Patricio C** C**
– Magdalena M** O**
– Marian Eugenia B** C**
– Andrea Guadalupe M** M**
– Alejandra M** de V** B**
– María Luisa J** P**
– Juana C** A**
– Lizbeth Yaqueli E** C**
Fuentes del SNSP confirmaron que los trabajadores fueron *dejados incomunicados* durante el interrogatorio, sin posibilidad de pedir ayuda, en un claro patrón de *coacción y secuestro exprés* para obtener inteligencia sindical y luego eliminarlos de la nómina.
El oficio del SNSP es lapidario:
> “Se solicita el dictado inmediato de estabilidad laboral, orden de no cese, cese de hostigamiento… y apercibimiento a la patronal para detener la coacción de firmas de desafiliación y el *terrorismo sindical*”.
Expertos en derecho laboral y penal consultados advirtieron que estos hechos trascienden la mera violación administrativa y configuran *delitos graves*:
– Secuestro exprés y coacción (Código Penal de Quintana Roo)
– Terrorismo sindical y discriminación laboral
– Violación al artículo 123, apartado B, fracción X de la Constitución
– Posibles responsabilidades penales directas para la Presidenta Municipal Blanca Merari Tziu Muñoz como autora intelectual de la operación
Organizaciones defensoras de derechos laborales ya hablan de “*cártel municipal* que usa el poder público para actuar como grupo delincuencial organizado contra los trabajadores”. Anunciaron que no solo irán al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, sino que presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.
Hasta este momento, el Ayuntamiento de Puerto Morelos *guarda silencio absoluto*. Ni una sola declaración oficial sobre los secuestros, los interrogatorios ni los despidos.
Este no es un simple conflicto sindical.
Es *delincuencia organizada vestida de gobierno municipal*.
Es *terrorismo desde el poder* contra trabajadores que solo quieren ejercer su derecho constitucional a elegir libremente su sindicato.
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#TerrorismoSindicalMerari
#DelincuenciaOrganizadaEnElAyuntamiento
#SNSPNoSeCalla
El país está observando. Y la justicia también.
