México, 30 Sep. (Notimex).- Aunque la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ha ayudado a responsabilizar a quien daña el medio ambiente, ésta requiere perfeccionarse para aplicar penas más fuertes, reconoció el secretario del ramo, Juan José Guerra Abud.
Al comparecer ante la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abordó el caso del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre, en Sonora.
El funcionario federal aseguró que esta es la primera vez que se aplica esta ley, la cual ha permitido ayudar a la solución de este problema.
Ante la consideración de que una multa de 40 millones resulta insuficiente ante la magnitud del daño, Guerra Abud reconoció que desde su punto de vista a esta ley “le faltan dientes” para aplicar sanciones más severas.
Por lo anterior, manifestó que si así lo consideran los legisladores, se podría plantear en un futuro cercano que esta ley joven pueda madurar y generar penas más fuertes a quienes atenten contra el medio ambiente.
Sobre el tema, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, aseguró que cualquier ley aprobada por el Congreso de la Unión debe ser sujeta a una valoración permanente.
La ley en cuestión, recordó, estuvo “en el tapete de la discusión por muchos años”, sin embargo, aun tratándose de una ley joven, aprobada el año pasado, es una base importante para impartir justicia en materia ambiental.
Haro Bélchez destacó que de las bondades de esta ley se desprenden los medios alternativos de solución de controversias que nos permitieron, en el caso de los ríos Sonora y Bacanuchi, lograr algo más que la ley no contempla.
Uno es que se obligó a la empresa a reparar los daños, tanto ambientales (contemplado en la ley ambiental), así como a las personas (solucionado mediante controversias), y que no hubiera estado considerado en un juicio largo con sentencia condenatoria contra la empresa.
Por lo anterior consideró positiva la respuesta de la ley, pero confió en que con el cobijo de los legisladores podrá modificarse en el sistema, en las multas y en fortalecer fundamentalmente el papel del Estado como defensor del medio ambiente.
