Cancún, Q. Roo, 27 julio, poder&crítica.- El Ayuntamiento de Benito Juárez, no complementó el procedimiento para inscribir en el padrón de funcionarios inhabilitados a Eduardo Ortiz Jasso, actual titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del gobierno del estado –antes Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal, IPAE-, aseguró el secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal, quien sin embargo dijo, se atiende la queja presentada por la Asociación Civil “Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo”.Ortíz Jasso, fue inhabilitado por la Contraloría del Ayuntamiento de Benito Juárez en octubre de 2014, por supuestas irregularidades cuando fungió como director del Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano (Implan), durante la administración del entonces presidente municipal, Julián Ricalde Magaña.
Pese a ello, el gobernador Carlos Joaquín González integró a Ortíz Jasso a su equipo desde el proceso de transición como coordinador del Eje Ambiental y Urbano y enlace de Desarrollo Urbano, y posteriormente en junio de este año, fue nombrado titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos.
Aunque Ortíz Jasso mantiene un litigio en la Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa bajo el expediente S.C.A/A/146/2016, por lo que el proceso de su inhabilitación no ha sido confirmada.
En el entendido de su inhabilitación, el pasado 24 de julio, en un comunicado, la mencionada asociación civil, dio a conocer que interpuso un amparo en contra del nombramiento de Ortíz Jasso y promovió “una denuncia” ante la Secretaría de la Contraloría por ese mismo motivo.
En ese sentido el secretario de la Contraloría dijo que es importante aclarar que Ortíz Jasso cuenta con una constancia de no inhabilitación que expide la propia dependencia, toda vez que cuando el municipio de Benito Juárez realizó el procedimiento contra el funcionario, no remitió a la Secretaría la inscripción al padrón por no contar con alguna documentación.
“Cuando el Municipio dicta una resolución en el sentido de inhabilitar a un servidor público, esa resolución se solicita a la Contraloría, se solicita su inscripción, es decir que la única forma de que se pueda tener conocimiento de que una persona está efectivamente inhabilitada o no, es justamente a través de ese registro”, precisó Del Pozo.
Para efecto de proceder al registro del funcionario en la lista de inhabilitados, se requirió al Ayuntamiento adicionar algunos documentos, sin embargo la autoridad municipal no respondió en dos ocasiones, una de ellas realizada por parte de la administración anterior.
En tal virtud dijo, en la Secretaría de la Contraloría solo obra el trámite inconcluso al no haberse concluido.
“No somos parte del proceso ni tenemos acceso al expediente, solamente obra la solicitud que quedó inconclusa por el municipio de Benito Juárez, por lo tanto no existe registro formal de que Eduardo Ortíz Jasso esté inhabilitado para ocupar un cargo público y tampoco hay manera de saber si está firme o no”, detalló el funcionario.
Rafael del Pozo reiteró que efectivamente, se emitió la constancia de no inhabilitación, bajo la manifestación de quien la solicita, porque no hay manera de que la Secretaría conozca a menos que esté inscrito en el registro.
Ortíz Jasso dijo que no existe una resolución firme y que se espera “una verdad legal” para no violentar los derechos de ningún servidor público.
