El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este lunes dos años al frente de su segundo periodo presidencial consecutivo. El mandatario llega a esta fecha con un sólido respaldo popular cimentado en su estrategia de seguridad pública; sin embargo, su gestión arrastra severos cuestionamientos internacionales por violaciones a los derechos humanos y un panorama económico estancado que se ha convertido en la principal preocupación de las familias salvadoreñas.
El actual periodo (2024-2029) sufrió modificaciones clave tras las reformas constitucionales impulsadas por la bancada oficialista de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Dichos cambios contemplan el adelanto de las elecciones presidenciales para febrero de 2027 y la instauración de la reelección indefinida bajo mandatos extendidos a seis años. Aunque no ha confirmado su participación en las próximas urnas, el gobernante dejó clara su postura a finales de 2025: «Si fuera por mí, yo sigo diez años más».
La paradoja salvadoreña: Seguridad récord vs. alertas humanitarias
El capital político de Bukele, que acumula siete años ininterrumpidos en el poder, descansa sobre el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 tras una violenta jornada de homicidios. La medida, prorrogada por el Congreso en 51 ocasiones, ha permitido la detención de más de 92,000 personas y la desarticulación de las pandillas históricas («maras»).
A pesar del aplauso ciudadano reflejado en los censos de opinión, organizaciones civiles denuncian abusos sistemáticos que van desde detenciones arbitrarias y torturas hasta la muerte de 530 personas bajo custodia del Estado. Activistas y defensores de derechos humanos, como la abogada Ruth López, han sido procesados bajo las reglas de excepción, lo que analistas internacionales califican como una «persecución política como política de Estado».
Asimismo, monitores independientes acusan un ocultamiento de datos oficiales; durante el primer trimestre del año en curso, organizaciones civiles detectaron el hallazgo de 35 cadáveres, de los cuales una decena presentaba signos de violencia, mientras que las alertas del gobierno solo notificaron cinco casos.
La asignatura pendiente: Promesas de sanación económica
Al asumir este segundo mandato en junio de 2024, Bukele prometió «sanar» la economía tras haber extirpado el problema de la inseguridad. No obstante, las encuestas demuestran que la crisis financiera ya desplazó al miedo a las pandillas como la principal angustia de la población.
«No hay una mejoría social, lo que hay es un gran endeudamiento público», señaló el economista César Villalona. Aseveró que el reciente convenio de financiamiento por 1,400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) evidencia el boquete en las finanzas del Estado.
Bajo la actual administración, la deuda pública salvadoreña aumentó en 14,500 millones de dólares. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) local registró un repunte del 3.9% el año pasado, especialistas advierten que este crecimiento se dio a costa de un severo deterioro presupuestal en los servicios básicos de salud y educación, un escenario que continúa impulsando la solicitud de asilo de ciudadanos salvadoreños en naciones como México, España, Alemania y Estados Unidos.
