Mérida, Yucatán, 31 julio, poder&crítica.- El reparto de tarjetas realizado por Mauricio Sahuí Rivero, secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, raya en la ilegalidad, coincidieron los legisladores David Barrera Zavala, del Partido de la Revolución Democrática, y Jazmín Villanueva Moo, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con respecto a la actividad que dio a conocer Eduardo Lliteras Sentíes en la edición del pasado viernes de La Jornada Maya.
Abordados por separado, los legisladores locales manifestaron su preocupación por las actividades de presunto proselitismo por parte del funcionario, realizadas en diversas comunidades del estado.
Villanueva Moo señaló que lo realizado por Sahuí Rivero es un acto desesperado por parte del gobierno priista por posicionarse electoralmente, ante el evidente rechazo popular que existe hacia ese instituto político.
“Estamos frente a un proceso histórico, donde un PRI acaba de darse cuenta que ni con todo el recurso económico, la ayuda de sus amigos en el poder y sus recursos les alcanza para mantenerse en el gobierno, tal es el caso del Estado de México y Coahuila, donde tuvieron que recurrir a las instituciones”, expuso.
Denunció que en Yucatán ya comenzó a operar la mafia del poder, al repartir tarjetas con supuestos beneficios para los ciudadanos, lo que es sólo un truco para comprar el voto.
“Están afilando los cuchillos porque saben que los ciudadanos ya no los quieren en el gobierno, saben que Morena les dará batalla sin recurso económico, pero sí con la suma de muchas voluntades que queremos un cambio verdadero”, advirtió.
Exhortó a las autoridades electorales para que hagan su trabajo de manera justa y sin permitir fraudes como “los que vimos en las elecciones pasadas en otras entidades como el Estado de México”.
Delito por desesperación
Por su parte el perredista Barrera Zavala coincidió con su compañera de legislatura en que la desesperación por posicionar un candidato por parte del Revolucionario Institucional, lo cual además de ser un acto anticipado de campaña, podría constituirse en un delito toda vez que se utilizan recursos públicos.
“Lo más grave es que están utilizando recursos de los municipios, del estado, para buscar esa promoción. Sin duda la autoridad electoral tiene que actuar con firmeza, con prontitud, y si se cae en un acto [anticipado] de campaña, proceder conforme a derecho”, señaló.
Finalmente aseguró que lo realizado por el secretario de Desarrollo Social “no es de ahorita, incluso tiene meses”, por lo que consideró que el órgano electoral ha quedado en evidencia lo cual es aún más preocupante.
