A través de redes sociales fue exhibida la presunta venta de comida chatarra al interior de la Escuela Secundaria Técnica Número 43, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Centro, a pesar de la prohibición federal vigente para este tipo de productos en planteles públicos.
En un video que circula en plataformas digitales, un ciudadano identificado como Jesús Miguel Zapata confronta a personal del plantel —entre ellos una intendente y un prefecto— mientras documenta la comercialización de productos como galletas, frituras y dulces, los cuales están considerados dentro de los alimentos ultraprocesados restringidos por la normativa federal.
El Gobierno de México emitió un decreto que prohíbe la venta y consumo de productos con altos contenidos de azúcar, sodio, grasas y harinas refinadas en escuelas públicas, conforme a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-051. Entre los artículos vetados se encuentran refrescos, bebidas azucaradas, botanas fritas y snacks empaquetados con sellos de advertencia.
Pese a esta disposición, en la grabación se observan diversos productos que contravienen el decreto. Durante el diálogo, Zapata cuestiona quién autorizó la venta y bajo qué responsabilidad se permite la comercialización de estos alimentos dentro del plantel, sin obtener una respuesta clara por parte del personal señalado.
El denunciante explicó que él y otras personas habían trabajado durante años en la cooperativa escolar, ofreciendo alimentos considerados saludables como fruta picada, aguas naturales y comida preparada para el receso. Incluso, aseguró que recibieron capacitación oficial sobre el manejo adecuado de alimentos cuando entró en vigor la restricción de comida chatarra en escuelas.
Sin embargo, relató que al inicio del actual ciclo escolar se les notificó que debían abandonar la cooperativa, argumentando una remodelación del espacio y un aumento en la cuota diaria de operación, lo que los llevó a vender sus productos en el exterior del plantel.
Según su testimonio, tras esta decisión comenzaron a detectarse nuevamente productos chatarra dentro de la escuela, lo que impactó directamente en sus ventas y en los hábitos de consumo de los estudiantes.
Cabe recordar que las autoridades federales establecieron sanciones para los responsables de los centros educativos que incumplan el decreto, con multas que oscilan entre los 10 mil 900 y los 109 mil pesos, las cuales pueden duplicarse en caso de reincidencia.
Hasta el momento, la dirección del plantel no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.
