Perú, 17 diciembre; poderycrítica.-La Policía Nacional del Perú cometió «graves abusos» durante las protestas que se presentaron en noviembre pasado contra la destitución del presidente Martín Vizcarra, y las autoridades del país andino deben «garantizar justicia y prevenir futuros abusos», aseguró la organización Human Rights Watch (HRW).
«Hemos obtenido evidencias que indican que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban contra la altamente cuestionable destitución del presidente Vizcarra», aseguró el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco en un informe sobre los sucesos en Perú.
El informe de la organización, que fue difundido este jueves, recordó que durante las protestas que se presentaron entre el 9 y el 15 de noviembre murieron dos manifestantes y más de 200 resultados heridos en Lima, algunos de ellos de gravedad.
DUDOSA LEGALIDAD
HRW aseguró que Vizcarra fue destituido el 9 de noviembre por el Congreso mediante un «proceso de dudosa legalidad» que usó el argumento de que carecía de «capacidad moral» debido a acusaciones de corrupción «que todavía están siendo investigadas».
«No ha sido imputado hasta el momento. Muchos de los miembros del Congreso que votaron a favor de su remoción están siendo investigados penalmente, incluyendo por corrupción. Vizcarra había impulsado varias iniciativas contra la corrupción que afectaban a esos legisladores», acotó.
La medida del Congreso, recordó, hizo que «miles de peruanos salieron a las calles» a participar en protestas que, finalmente, llevaron a la dimisión de Manuel Merino, el presidente del Congreso que había asumido la jefatura del Estado y luego fue reemplazado por el también legislador Francisco Sagasti.
PRUEBAS Y TESTIGOS
HRW aseguró que las declaraciones de testigos y otras pruebas a las que tuvo acceso «indican que la policía empleó, de manera reiterada, una fuerza excesiva contra los manifestantes», incluido el uso de «armas antidisturbios de forma irresponsable y peligrosa».
«A su vez, las evidencias indican de manera sólida y creíble que la policía usó escopetas calibre 12 para disparar perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra manifestantes, en violación de sus propios protocolos, que prohíben el uso de esas municiones», añadió.
La organización entrevistó a 76 personas, durante una visita que hizo a Lima a fines de noviembre y por teléfono, entre las que estuvieron víctimas, familiares y abogados, testigos y defensores de derechos humanos, además de haberse reunido con autoridades del Ejecutivo, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la PNP.
Revisó, además, más de 200 videos de las protestas publicados en redes sociales, así como informes periodísticos y publicaciones de organizaciones locales de derechos humanos.
LAS CONSECUENCIAS
Tras esa investigación, la organización remarcó que «muchas de las lesiones y las dos muertes» entre los manifestantes «ocurrieron en un radio de dos manzanas en el centro de Lima, durante la noche del 14 de noviembre».
Además, que más de 200 personas recibieron atención médica en Lima y 17 de ellas fueron hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones, entre las que estuvo un caso por un proyectil alojado en la médula, según datos del Ministerio de Salud.
También señaló que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú documentó al menos diez casos de lesiones a reporteros «presuntamente causadas por proyectiles que disparó la policía», y que hubo 13 casos de agentes «que golpearon a periodistas o intentaron confiscar sus equipos».
Asimismo, que se desplegó a una unidad de agentes de civil encargada de delitos comunes y sin «entrenamiento para el control de multitudes», mientras que se retuvo al menos a 57 personas, según datos que dio la Policía Nacional a la Defensoría del Pueblo.
El organismo también sostuvo que «aunque las manifestaciones se desarrollaron de manera mayormente pacífica, algunos participantes arrojaron piedras a la policía» y el ministro de Interior indicó al Congreso que 24 policías sufrieron lesiones leves.
RECOMENDACIONES
Tras este análisis de los sucesos de noviembre, HRW recomendó a las autoridades peruanas que aseguren «una rendición de cuentas a través de procesos penales y disciplinarios por los abusos policiales» y que se reforme el sistema disciplinario de la PNP «para garantizar independencia y transparencia».
Además, que se revisen los protocolos, las prácticas, los equipos y la capacitación de la policía sobre manifestaciones, así como que se prohíba el uso de agentes vestidos de civil para infiltrar las protestas y detener a manifestantes.
El organismo pidió que también se deroguen «leyes que protegen las prácticas policiales abusivas», entre ellas una reforma hecha en 2014 al Código Penal peruano que prevé la inmunidad legal de los agentes que maten o lesionen «en el cumplimiento de su deber».
