México, 07 septiembre; poderycritica.-Lo ocurrido contra normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fue “un ataque masivo“, donde hubo 180 víctimas directas, entre ellas 6 ejecuciones extrajudiciales y 43 “desapariciones forzadas”, establecieron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes este domingo dieron a conocer su informe tras 6 meses de trabajo.
El experto Carlos Beristain afirmó en los hechos “hubo presencia de diferentes agentes del Estado (policía municipal, ministerial, Federal) y no encontramos que hubiera acciones de protección. Lo que estaba pasando eran agresiones que superaban cualquier neutralización de personas. Tenían que ver con disparos de armas de fuego, ataques a la vida, atentados contra la vida, etcétera”.
Además, “hubo un retardo en atención a las víctimas. Las ambulancias tenían miedo de salir”.
Se trató de una decisión de desaparición forzada, con un nivel de agresión brutal, “probablemente para nosotros el modus operandi del caso muestra que es ataque masivo, indiscriminado, con autores que no ocultan su identidad, no hay ningún ocultamiento de la identidad inicialmente. Se sabe que es policía municipal, aunque algunos van con capuchas y luego se la quitan. Este ataque muestra la impunidad con que se movían los autores, y la falta de mecanismos de control de una acción tan violenta contra la población y el nivel de terror ejercido y el control territorial que tenían la policía municipal, con distintas autoridades que tenían el control del territorio, junto con el crimen organizado”.
“Lo que vemos (en la investigación oficial) es que hay una desconexión entre 2 momentos claves: el momento de la agresión a los normalistas y las versiones de lo que sucedió después”, indicó Beristain.
“La responsabilidad de los actores que llevan a cabo la desaparición forzada, que llevan a cabo la detención al principio, está también en la desaparición posterior de las personas, independientemente de cuál haya sido el mecanismo final que haya llevado a tomar decisiones sobre el destino o la situación de los desaparecidos. No hay que desvincular estas dos cosas, forman parte de la misma acción, no son dos acciones diferentes”, pidió.
Los expertos establecieron este día que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo había informado la PGR a inicios de este año. Y urgieron a investigar los hornos crematorios que pudieron haber sido habilitados para ese fin.
Beristain comentó que la decisión sobre el destino de los normalistas no se tomó inmediatamente, pues era un operativo complicado, sino que probablemente necesita “una evaluación y una toma de decisiones que no se da en un corto tiempo, para ver qué hacer”.
También informó que en los hechos ocurridos del 26 y 27 de septiembre del 2014 hay escenarios múltiples, al menos 9 donde hubo ataques directos y la presencia de agentes del Estado; señaló que los normalistas fueron vigilados desde su salida en Chilpancingo y seguidos durante sus siguientes acciones por parte de las autoridades locales e incluso la Policía Federal.
Además, indicó que hay 700 familiares que han sufrido consecuencias e impacto por lo sucedido.
Por su parte, Alejandro Valencia dijo que en el informe se dan a conocer 20 recomendaciones, divididas en 4 puntos específicos que son: investigación, responsabilidades, búsqueda y atención de víctimas.
Hizo énfasis en que se debe unificar la investigación y realizar cruces de información entre el ADN de lo que se encontró de los normalistas en los autobuses con los familiares de estos.
Además, deben determinarse otras responsabilidades y se debe investigar la posible obstrucción de la investigación.
En cuanto a la búsqueda, señaló que se deben examinar otros lugares compatibles con restos cremados, actualizar los mapas de las fosas e incorporar fotografías satilateles.
E hizo un llamado a la creación de un registro único de personas desaparecidas; establecer un sistema de búsqueda implementado por el Estado, que se ponga en marcha de inmediato.
Recalcó que las primeras 72 horas son cruciales en los casos de desaparición forzada y pidió la creación de un programa nacional de exhumaciones.
El informe de la CIDH fue entregado a los padres de familia, además de que lo recibió el gobierno federal, en representación de Roberto Campa, subsecretario de la Secretaría de Gobernación.
El documento derrumba la versión oficial de los hechos -que señalaba una supuesta incineración en Cocula-, sostiene que los normalistas no boicotearon un acto político ni iban armados y no atacaron a la población.
