Cancún, Q. Roo, 10 julio, poder&crítica.- Ubicada la firma Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, conocida como Barcos Caribe, como cauce en el desvío de recursos de los últimos dos gobiernos de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República acaba de promover su embargo comercial
La medida no impide la operación de transporte de pasajeros de Playa del Carmen a Cozumel, pero cierra la posibilidad de su venta a terceros o disolución de la sociedad.
De pasadita, en el escenario se frenó el traslado de dos barcos construidos en astilleros australianos que engrosarían la flota, denominados “Caribe 4” y “Caribe 5”, en opción de verificar el origen de los recursos.
El costo de éstos se estima en 7 millones de dólares.
La empresa empezó a constituirse durante el sexenio del hoy senador, Félix González Canto, apareciendo en escena un tío de éste, Franco González.
La consolidación llegó bajo el gobierno de Borge, colocándose como socios al que fuera abogado del padre de éste, Roberto Borge, Martín, también ex gobernador de la entidad, César González Hermosillo, y la que fuera asistente personal del mismo, Lourdes Pineda Nieto, sobre los cuales un juez del Estado de México ha girado sendas órdenes de aprehensión.
Autorizada la operación de la naviera el 3 de diciembre de 2014 no sólo para el traslado de pasajeros a Cozumel sino a diversas partes del Caribe mexicano, la alfombra se tendió a todo lo largo y ancho.
El titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz De Teresa, rompió en el casco del barco “Caribe 2” la botella de champagne en el simbólico inicio de operaciones.
En la ruta, se le fijó una tarifa especial por concepto de renta por uso del espacio en los muelles, además de un permiso para instalar su centro de venta de boletos e información turística por 15 años… que luego, por acuerdo del Congreso local, se elevaría a 50.
La contraprestación se fijó en 10 mil pesos mensuales por los 23.08 metros cuadrados que ocupaba el predio.
En el escenario, llegaría una zancadilla a la competencia por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica al acusar a las firmas Golfo Transportación de Enrique Molina Casares; Naviera Ocean de Héctor Alejandro Matey Espadas y Naviera Magna de Arturo Baéz, de coludirse para no reducir el precio del boleto de traslado ni absorber el Impuesto al Valor Agregado que saltó de 11% a 16%.
Las navieras fueron multadas con 48 millones de pesos.
La exigencia de reducir la tarifa había surgido de una promesa presidencial inducida, justo por el coordinador de Puertos y Marina Mercante.
La sanción está en proceso de impugnación por parte de los afectados, quienes alegan que la prueba exhibida por la instancia en combate a los monopolios no es contundente, dado que se trata de un correo electrónico de un empleado de una de las navieras a otro de diferente camiseta, preguntándole a qué hora atracaría su barco, para no saturar el muelle.
Barcos Caribe inició operaciones con dos barcos tipo catamarán, “Caribe 1” y “Caribe 2”, cuyo costo había sido de 4 millones 906 mil dólares.
Detenido Roberto Borge Angulo en Panamá el 4 de junio pasado, la acusación de utilización de recursos públicos para fondear la creación de Barcos Caribe se ventila en el grueso expediente.
Por lo pronto la naviera está en el limbo.
