PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En el Municipio de Benito Juárez se gesta una batalla política y financiera de cara a la renovación de la presidencia municipal, los integrantes de «La Mafia Verde» que aspiran a gobernar este municipio tienen una encarnizada lucha por la nominación en la que el Secretario del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández saca raja, pues se aprovecha de su posición y lucra personalmente con el presupuesto de más de 350 millones de pesos asignados este año a esa Secretaría General.
Pero eso no es todo, se le ha criticado en redes por supuestas irregularidades operativas y extorsiones en el centro de retención municipal conocido como «El Torito», una oficina que se encuentra bajo el organigrama de su secretaría.
«El Torito» de Cancún no recauda dinero directamente, ya que es un centro de detención administrativa y no cuenta con cajas de cobro para multas o fianzas, las sanciones económicas derivadas de las faltas que llevan a las personas a este centro, como el alcoholímetro o alterar el orden público, son cobradas y recaudadas en su totalidad por las cajas de la Dirección de Tránsito o la Tesorería Municipal.
Los ingresos indirectos generados por el concepto de sus infractores se componen de la siguiente manera: un conductor detenido en los operativos da paso a multas que oscilan entre 8,100 y 16,200 pesos, dependiendo del grado de alcohol en la sangre detectado por el alcoholímetro.
Al ser ingresado el conductor a «El Torito», el vehículo es remitido obligatoriamente al corralón, esto genera gastos adicionales de grúa y derecho de piso que van de los 2,500 a los 5,000 pesos, cobrados por las empresas concesionarias autorizadas por el ayuntamiento y en teoría todo lo recaudado por estos conceptos debería de ingresar directamente a las arcas generales del municipio.
Sin embargo, filtraciones de la misma dependencia acusan que los Jueces Cívicos aplican formalmente la multa mínima en el sistema electrónico municipal, obligando al infractor a pagar el resto en efectivo sin emitir comprobante fiscal, estos recursos estarían llegando directamente en efectivo a las manos de Pablo Gutiérrez.
Pero además, denuncias públicas y en redes sociales señalan que en el caso de turistas internacionales detenidos por el alcoholímetro, se han exigido pagos en dólares que alcanzan sumas exorbitantes de hasta 3 mil dólares bajo la amenaza de retener pasaportes o prolongar las horas de arresto.
Adicionalmente, reportes periodísticos indican que Pablo Gutiérrez provoca tensiones internas en el gabinete, pues se le acusa de disputar el control de mandos policiales para presuntamente desestabilizar la gestión de la Secretaría de Seguridad Pública local mediante la siembra de estadísticas falsas, pues es otra veta de corrupción que quiere controlar.
Pablo Gutiérrez controla por organigrama al titular de Protección Civil, Antonio de Jesús Riveroll Ribbon quien a filtrado a sus subalternos que es obligado a cumplir cuotas y lo mismo pasaría en la dirección general de Transporte y Vialidad a Lourdes Vanessa Valenzuela Morales quien denunció públicamente las presiones de Pablo para prácticamente extorsionar a los usuarios de su área, en contra parte el Heroico Cuerpo de Bomberos a cargo de Oscar Aguilar Aceves se queja de la falta de equipos y mejores remuneraciones; el gran aliado en la corrupción de esa Secretaría es Miguel Arturo Moisés Martínez Ibarra, director General de Centros de Retención «El Torito», pues diariamente lleva en efectivo las extorsiones por el método explicado líneas arriba; los fines de semana las ‘multas a la mano’ superan los 500 mil pesos.
El presupuesto asignado de forma global para el municipio de Benito Juárez (Cancún) es de 8 mil 68 millones 651 mil 375 pesos, de los cuales la Secretaría General del Ayuntamiento dispones para este año más de 325 millones de pesos asignados para la gestión interna, misma que se han gastado en apoyos sociales sancionados por la Auditoría Superior de la Federación.
El propio Secretario General ha manifestado públicamente que «no descarta» postularse a la alcaldía y en los últimos meses ha intensificado su presencia en las calles de Cancún mediante «recorridos de supervisión y atención ciudadana directa», como la atención de reportes de servicios públicos y seguridad.
Voceros a su servicio y desde la propia Secretaría General defienden estas acciones bajo el argumento de «atención directa a reportes ciudadanos» en territorio, como bacheo y limpieza de basureros, sectores de la oposición y analistas políticos locales afirman que se trata de una campaña encubierta financiada con el millonario presupuesto operativo que maneja su dependencia.
Ante la ola de señalamientos, el equipo cercano a Pablo Gutiérrez y los canales informativos del Ayuntamiento de Cancún han mantenido una postura de rechazo absoluto, argumentando que las acusaciones obedecen exclusivamente al «fuego amigo» y a campañas de desprestigio electoral para frenar su avance en las encuestas internas de Morena.
No hay que olvidar que a los señalamientos de desvío y corrupción económica se sumó recientemente una controversia en el ámbito civil, cuando se dio a conocer de manera formal una queja interpuesta contra Gutiérrez Fernández ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO).
El expediente acusa al funcionario de presunta violencia laboral y de género en contra de una trabajadora de la propia estructura del Ayuntamiento, un caso que continúa bajo investigación por los visitadores del organismo estatal.
Su conducta soberbia y prepotente, es usada por los demás aspirantes de «La Mafia Verde» para exhibirlo como un corrupto que fue arropado y protegido en Morena por la administración anterior.
