PODER & CRÍTICA | REDACCIÓN | La administración estatal, en un acto de total irresponsabilidad y cinismo, ha puesto en marcha un plan para endeudar a los yucatecos con la cifra insultante de 1,500 millones de pesos. Mientras las arcas se vacían y los servicios públicos colapsan ante la ineptitud operativa, la respuesta de quienes ocupan los escritorios del poder es hipotecar, una vez más, el futuro de todo un estado.
Este movimiento no es otra cosa que la confirmación de una decadencia gubernamental que ya no puede ocultarse ni con propaganda ni con discursos huecos. Lo que estamos presenciando es un retroceso histórico sin precedentes: una clase política incapaz de gestionar los recursos actuales que prefiere cargarle el muerto a las próximas generaciones antes que apretarse el cinturón.
Es un atraco a la vista de todos. Yucatán, que alguna vez se jactó de una estabilidad económica, hoy es víctima de una voracidad desmedida por parte de funcionarios que han demostrado que su única especialidad es gastar lo que no tienen.
¿Hasta cuándo permitirán los ciudadanos que se dilapide el patrimonio del estado bajo la excusa de «proyectos» que solo sirven para inflar cifras y maquillar la realidad de un gobierno en bancarrota moral y administrativa? La respuesta es clara: Yucatán está siendo desmantelado desde adentro, y esta nueva deuda es simplemente el clavo final en el ataúd de la gestión pública eficiente.
¡Ya basta de hipotecar nuestro futuro! La opacidad, la incompetencia y el descaro financiero son las únicas marcas registradas de este desastroso periodo que pasará a la historia como el momento en que se decidió, deliberadamente, hundir al estado en el abismo.
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